Andorra endurece los requisitos de construcción con nuevas exigencias ambientales y de accesibilidad

El Gobierno de Andorra ha aprobado el nuevo Reglamento de construcción, que actualiza las normas aplicables a los edificios del Principado, con modificaciones en materia de accesibilidad, sostenibilidad, habitabilidad y ordenación urbanística.

El texto, aprobado mediante el Decreto 449/2026, del 4 de noviembre, también introduce adaptaciones en los procedimientos administrativos relacionados con las obras y las viviendas.

La reforma responde a los cambios legislativos aprobados durante los últimos años, especialmente los relacionados con la ordenación del territorio, la accesibilidad universal y la economía circular.

Además, el Ejecutivo ha aprovechado la ocasión para unificar en un solo documento las diferentes modificaciones del Reglamento de construcción aprobadas desde 2020.

El nuevo texto establece los requisitos mínimos obligatorios para los edificios, sin perjuicio de que los ayuntamientos, conocidos en Andorra como comuns, puedan adoptar condiciones más restrictivas mediante sus planes urbanísticos.

Nuevas exigencias de accesibilidad en edificios y viviendas

Uno de los principales cambios es la adaptación del Reglamento a la Ley de accesibilidad universal de noviembre de 2025, que establece criterios para garantizar que los espacios urbanizados y los edificios sean accesibles para todas las personas.

La normativa incorpora exigencias relativas a los itinerarios accesibles, los espacios comunes de los edificios y las condiciones que deben cumplir las viviendas.

También establece que los proyectos de construcción incluyan la documentación necesaria para justificar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad.

El objetivo es fijar criterios homogéneos para los profesionales y las administraciones responsables de supervisar las construcciones.

Mayor control sobre los residuos de las obras

El nuevo Reglamento también incorpora las obligaciones derivadas de la Ley de economía circular de 2022, que identifica la construcción como uno de los sectores con mayor potencial para reutilizar materiales y reducir la generación de residuos.

La normativa refuerza la necesidad de gestionar adecuadamente los materiales procedentes de las obras y justificar su tratamiento.

En este sentido, se regulan los certificados de gestión de residuos y la documentación necesaria para recuperar las garantías depositadas en determinadas actuaciones constructivas.

El Gobierno pretende impulsar una construcción más eficiente y respetuosa con el medio ambiente, promoviendo el aprovechamiento de los recursos y la reducción del impacto ambiental del sector.

Las cédulas de habitabilidad se tramitarán digitalmente

Otra de las modificaciones destacadas afecta a los procedimientos administrativos relacionados con las viviendas.

El Reglamento consolida el Registro Informático de Cédulas y Certificados de Habitabilidad (RICCH) como sistema único de tramitación, gestión y centralización de las solicitudes relacionadas con estos documentos.

Esta herramienta, que según el Gobierno ya se encuentra plenamente operativa, permite gestionar electrónicamente los procedimientos vinculados a la habitabilidad.

La normativa mantiene los mecanismos de control sobre las condiciones de las viviendas y contempla que los servicios técnicos del Gobierno puedan realizar inspecciones para comprobar que cumplen los requisitos establecidos.

Facilidades para rehabilitar edificios destinados al alquiler residencial

El Reglamento también recoge el régimen excepcional previsto en la legislación sobre crecimiento sostenible y derecho a la vivienda para facilitar determinadas actuaciones de rehabilitación y cambio de uso.

Este régimen permite, bajo condiciones específicas, rehabilitar edificios que se encuentren fuera de ordenación urbanística para destinarlos íntegramente al alquiler residencial, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Entre las excepciones previstas figura la posibilidad de quedar exentos de determinadas exigencias relativas a plazas de aparcamiento, ascensores y condiciones de ventilación e iluminación de las escaleras.

Sin embargo, estas facilidades están vinculadas al mantenimiento del uso residencial de los inmuebles. Las viviendas que se acojan a este régimen no podrán destinarse al alquiler turístico, y una eventual venta o cambio de uso exigirá adaptar previamente el edificio a la normativa urbanística aplicable.

Adaptaciones para el sector agrícola y ganadero

La reforma también incorpora modificaciones destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades del sector primario.

El nuevo texto adapta las condiciones urbanísticas aplicables a las instalaciones agrícolas, ganaderas, forestales y apícolas, con el objetivo de facilitar su implantación sin comprometer la protección del paisaje y del medio natural.

Paralelamente, se actualiza la terminología relacionada con los riesgos naturales y se revisan los criterios técnicos aplicables a los edificios situados en terrenos expuestos a estos peligros.

Un único reglamento para sustituir al de 2020

El Gobierno también ha optado por reunir en un único texto las modificaciones normativas introducidas durante los últimos seis años.

El nuevo Reglamento sustituye al texto aprobado en mayo de 2020 y sus posteriores modificaciones, con la voluntad de facilitar su consulta y reforzar la seguridad jurídica de los profesionales de la construcción.

La reforma ha recibido el informe favorable de la Comisión Técnica de Urbanismo y establece que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Andorra (BOPA).

Con esta actualización, Andorra adapta su marco regulador de la construcción a los nuevos requisitos urbanísticos, ambientales y de accesibilidad, en un momento en el que la vivienda y el desarrollo urbanístico siguen ocupando una posición central en el debate político y económico del país.