Ribó atribuye la subida del precio de la vivienda en Andorra a la falta de oferta y alerta de la inseguridad jurídica

El presidente del Colegio de Agentes y Gestores Inmobiliarios de Andorra (AGIA), Jordi Ribó, considera que la falta de oferta de vivienda es una de las principales causas del encarecimiento de los pisos, a pesar de la fuerte caída de las operaciones inmobiliarias registrada durante los últimos meses.

En declaraciones al programa Avui serà un bon dia de RTVA, Ribó ha explicado que Andorra arrastra un déficit de construcción desde la crisis financiera de 2008 y que la actual proliferación de promociones inmobiliarias responde, en parte, a la necesidad de recuperar el tiempo perdido.

«Desde la crisis de las subprime no se ha construido y se está haciendo todo de golpe. Por eso vemos más grúas ahora», ha afirmado el presidente de AGIA.

Según Ribó, el crecimiento demográfico incrementa la presión sobre un mercado que no dispone de suficientes viviendas para absorber la demanda. «Si no deja de venir gente, necesitamos más pisos», ha advertido.

Ribó cuestiona la seguridad jurídica de las medidas del Gobierno

El presidente de los agentes inmobiliarios también se ha mostrado crítico con los cambios legislativos impulsados por el Gobierno para intervenir en el mercado de la vivienda.

En referencia a la ley ómnibus y las diferentes medidas aprobadas en materia inmobiliaria, Ribó considera que las modificaciones constantes de las reglas del juego pueden generar desconfianza entre los inversores.

«No das seguridad jurídica», ha lamentado, advirtiendo de que la incertidumbre normativa puede acabar desincentivando las inversiones en el sector.

Desde su punto de vista, la falta de estabilidad legislativa representa un obstáculo añadido para impulsar nuevas promociones y ampliar la oferta disponible.

Su posición pone el foco en la necesidad de facilitar la construcción y mantener un marco normativo estable, en un momento en el que el Ejecutivo intenta contener los precios mediante distintas medidas reguladoras.

Las ventas caen un 43,9%, pero los pisos se encarecen un 13,8%

Las declaraciones de Ribó llegan después de la publicación de los últimos datos del Departamento de Estadística, que reflejan una situación aparentemente contradictoria en el mercado inmobiliario andorrano.

Durante el tercer trimestre de 2026 se han transmitido 1.019 bienes inmuebles, un 43,9% menos que en el mismo período de 2025. Sin embargo, el precio medio por metro cuadrado de los pisos ha aumentado un 13,8% interanual.

El retroceso de la actividad también es visible en la comparación con el trimestre anterior, con una disminución del 6,5% de las transmisiones. En el acumulado de los últimos doce meses, la caída alcanza el 27,4%.

La reducción afecta especialmente a las sociedades, cuyas adquisiciones han disminuido un 67,3%, mientras que las compras realizadas por particulares han retrocedido un 31,9%.

A pesar de esta caída, los precios continúan subiendo, algo que, según la interpretación de Ribó, evidencia el desequilibrio entre la oferta de viviendas y las necesidades de una población en crecimiento.

Más construcción para responder a la demanda

Para el presidente de AGIA, el incremento de las grúas y de las nuevas promociones que actualmente se observa en el país no significa necesariamente que se haya resuelto el problema de la vivienda.

Ribó sostiene que Andorra intenta compensar ahora años de construcción insuficiente, una situación que se ha agravado con el aumento de la población y de la demanda residencial.

En este contexto, defiende que ampliar el parque inmobiliario es imprescindible para reducir la presión sobre los precios, al tiempo que reclama una mayor estabilidad jurídica para evitar que los inversores renuncien a desarrollar nuevos proyectos.

Las estadísticas, sin embargo, no permiten determinar por sí solas qué parte del encarecimiento responde a la falta de oferta, a las características de los inmuebles vendidos o a otros factores.

El mercado andorrano continúa así con menos transmisiones, precios más elevados y un debate abierto sobre hasta qué punto las medidas del Gobierno contribuyen a facilitar o dificultar el acceso a la vivienda.