Campaña de odio contra el copríncipe: los medios instrumentalizan el caso del sacerdote en Barcelona para atacar a Serrano Pentinat

Existe una diferencia abismal entre informar sobre una presunta agresión sexual y aprovechar una denuncia de esta gravedad para cuestionar la reputación de un jefe de Estado.

Una cosa es fiscalizar las instituciones y otra, muy distinta, es construir un relato de culpabilidad política antes de que se hayan esclarecido los hechos. Y eso es precisamente lo que nos preocupa del tratamiento que determinados medios andorranos están haciendo del caso que afecta a un sacerdote del Obispado de Urgell.

El copríncipe episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, ha sido situado en el centro de una polémica de la que no es protagonista de los hechos denunciados. No se le acusa de ninguna agresión sexual, no consta que tuviera conocimiento de la presunta violación cuando se habría producido y tampoco se ha acreditado participación alguna por su parte.

A pesar de ello, Diari d'Andorra ha optado por presentarlo como un copríncipe políticamente debilitado por el escándalo. Una interpretación que, a nuestro entender, va mucho más allá de lo que permite afirmar la información conocida hasta ahora.

¿Desde cuándo una denuncia contra un sacerdote se convierte automáticamente en una condena reputacional contra el copríncipe? ¿Quién ha decidido que Serrano Pentinat deba pagar políticamente por unos hechos que habría cometido otra persona?

Son preguntas legítimas. Y alguien debería responderlas antes de seguir alimentando una narrativa que parece más preocupada por desgastar una institución que por esclarecer las responsabilidades concretas.

Los 21 días que algunos parecen querer ignorar

La cronología es especialmente reveladora.

Josep-Lluís Serrano Pentinat juró la Constitución andorrana el 26 de junio de 2025. La presunta agresión sexual denunciada se habría producido durante la madrugada del 17 de julio de ese mismo año, en una vivienda particular de Barcelona.

Es decir, hacía exactamente 21 días que había jurado como copríncipe de Andorra.

El denunciante, un joven de 26 años, ha explicado que había llegado a Cataluña el 15 de julio, que al día siguiente se desplazó con el sacerdote a Barcelona y que, después de salir por la ciudad, se habría producido la agresión sexual que posteriormente denunció.

Todo ello es objeto de una investigación y corresponde a la justicia determinar qué ocurrió realmente aquella noche.

Pero hay una cuestión que no debería admitir ninguna interpretación interesada: Serrano Pentinat no estaba presente en aquella vivienda, no figura como autor de ninguno de los hechos denunciados y no consta que tuviera conocimiento de ellos en aquel momento.

Según el relato del denunciante, el obispo fue informado de las acusaciones en una reunión celebrada el 31 de agosto de 2026. Más de trece meses después de los hechos.

Por tanto, presentar el caso como si fuera una sombra que acompaña a Serrano Pentinat desde el comienzo de su mandato resulta, como mínimo, profundamente discutible.

Su responsabilidad institucional debe analizarse a partir del momento en que tuvo conocimiento de las acusaciones y de las decisiones adoptadas posteriormente, no a partir de una culpabilidad retrospectiva que nadie ha demostrado.

El denunciante merece respeto. El copríncipe, también

Conviene dejar algo absolutamente claro: la persona que ha denunciado la presunta agresión sexual merece ser escuchada, protegida y tratada con todo el respeto.

Que haya transcurrido más de un año antes de presentar la denuncia policial no desacredita su relato. Tampoco lo hace el hecho de que hubiera salido con el sacerdote, que hubiera consumido alcohol o que inicialmente acudiera a las autoridades eclesiásticas.

Ninguna de estas circunstancias equivale a consentimiento sexual ni permite determinar si se produjo una agresión.

El derecho a denunciar es indiscutible y la justicia deberá investigar los hechos con todas las garantías. Si se acredita la responsabilidad penal del sacerdote, deberá asumir las consecuencias correspondientes.

Pero este mismo principio de respeto a los derechos individuales debe servir para impedir que otras personas acaben condenadas públicamente por una simple relación institucional con el investigado.

Defender los derechos del denunciante no exige sacrificar la reputación del copríncipe. Y defender la presunción de inocencia no significa desacreditar a quien denuncia.

Esta distinción es fundamental. Lamentablemente, no siempre parece presidir el debate mediático.

¿Qué más se le puede exigir al Obispado?

Las informaciones publicadas hasta ahora permiten reconstruir una serie de actuaciones que también merecen ser explicadas.

El denunciante asegura que habló con Serrano Pentinat el 31 de agosto. Posteriormente, el 5 de octubre, envió una comunicación formal a la oficina diocesana. El Obispado sostiene que el 17 de octubre, una vez identificado fehacientemente el sacerdote denunciado, activó la investigación canónica y contactó con la persona afectada.

La institución también afirma que le animó a acudir a las autoridades civiles y que le ofreció acompañamiento psicológico y espiritual.

Finalmente, este 9 de noviembre, después de una reunión entre el instructor de la investigación canónica y el denunciante, el sacerdote ha sido apartado cautelarmente de sus funciones pastorales y se le ha prohibido ejercer públicamente el ministerio sacerdotal.

Es legítimo preguntarse si todas estas actuaciones se realizaron con suficiente rapidez. También es legítimo examinar qué sucedió entre la reunión del 31 de agosto y la activación formal del procedimiento en octubre.

Eso es fiscalizar una institución.

Lo que no resulta aceptable es ignorar las medidas adoptadas y convertir cualquier explicación del Obispado en una prueba adicional de culpabilidad.

Si el Obispado investiga, se le cuestiona. Si aparta cautelarmente al sacerdote, también. Si ofrece asistencia al denunciante, parece que tampoco es suficiente.

¿Cuál es, exactamente, el criterio? ¿Qué actuaciones permitirían considerar que la institución está respondiendo adecuadamente?

La respuesta no puede ser que ninguna medida sea suficiente porque, en realidad, el objetivo ya no sea examinar la respuesta institucional, sino mantener al copríncipe permanentemente bajo sospecha.

Diari d'Andorra y los límites del rigor periodístico

El tratamiento del caso por parte de Diari d'Andorra merece una reflexión particular.

Es perfectamente legítimo publicar informaciones sobre una denuncia de esta gravedad, contrastar versiones e investigar posibles deficiencias en la respuesta institucional. De hecho, es una obligación del periodismo.

Pero la voluntad de llegar primero no puede anteponerse a la obligación de explicar correctamente los hechos.

La distinción entre cesar definitivamente a un sacerdote y apartarlo cautelarmente de sus funciones no es un detalle menor. Tiene consecuencias jurídicas, canónicas y reputacionales completamente diferentes.

El Obispado ha comunicado una medida cautelar mientras se desarrolla la investigación. Presentarla como una destitución definitiva atribuida personalmente al copríncipe, sin acreditar estos extremos, supondría transmitir una imagen equivocada de la decisión.

Y cuando una información afecta a una institución tan relevante como la jefatura del Estado andorrano, el contraste no es opcional y la precisión no es un lujo.

Resulta especialmente preocupante que medios que acostumbran a reivindicar su trayectoria y su compromiso con la lucha contra la desinformación puedan acabar confundiendo interpretaciones, decisiones provisionales y hechos acreditados.

La historia de una cabecera no convierte sus informaciones en infalibles. Los años de publicación no sustituyen a las pruebas. Y el prestigio acumulado no puede servir de escudo contra la crítica.

Ningún periódico tiene el monopolio de la verdad. Ni siquiera aquellos que parecen convencidos de tenerlo.

¿Un copríncipe incómodo para determinados intereses?

El contexto político andorrano tampoco puede ignorarse.

Serrano Pentinat ha llegado al coprincipado en un momento de tensiones institucionales y debates que afectan directamente al papel del jefe de Estado episcopal.

La reforma penal del aborto, las discrepancias en torno a determinadas decisiones institucionales y el debate recurrente sobre el futuro del coprincipado han evidenciado que los intereses del Gobierno y los de la institución episcopal no siempre coinciden.

Eso no es ningún escándalo. El copríncipe no es un subordinado del Gobierno ni está obligado a convertirse en un instrumento político de Demòcrates per Andorra.

Precisamente porque nuestro sistema constitucional distribuye el poder entre instituciones diferentes, las discrepancias forman parte de su normalidad democrática.

Por ello, resulta legítimo preguntarse si determinados sectores políticos y mediáticos están aprovechando esta denuncia para alimentar un discurso más amplio de desgaste contra la figura del copríncipe episcopal.

Es una sospecha política que merece debate, no una conspiración que podamos dar por demostrada.

Pero tampoco aceptaremos que cualquier crítica a la manera en que se está tratando a Serrano Pentinat sea presentada como una defensa acrítica de la Iglesia.

No hace falta ser católico, conservador ni partidario de todas las decisiones del Obispado para considerar injusto que se pretenda erosionar la imagen de un jefe de Estado sin acreditar ninguna conducta irregular por su parte.

Y menos aún cuando esa erosión podría acabar sirviendo, voluntariamente o no, a los intereses de quienes llevan tiempo cuestionando el actual equilibrio institucional de Andorra.

La doble vara de medir con el coprincipado

Hay otra cuestión que merece ser planteada.

Andorra tiene dos copríncipes. Uno es el obispo de Urgell y el otro, el presidente de la República Francesa.

Ambos ejercen la jefatura del Estado dentro del marco constitucional, a pesar de proceder de instituciones y realidades completamente diferentes.

Cuando estallan escándalos que afectan a personas vinculadas a instituciones francesas, la responsabilidad del presidente no se considera automáticamente acreditada. Es necesario examinar qué sabía, qué competencias tenía y cómo actuó.

¿Por qué este mismo criterio no debería aplicarse al copríncipe episcopal?

¿Por qué debería darse por hecho que una acusación contra un sacerdote deteriora necesariamente la credibilidad de Serrano Pentinat, sin haber demostrado que el obispo hubiera consentido, encubierto o tolerado los hechos?

La responsabilidad institucional existe y debe exigirse cuando corresponde. Pero no es ilimitada ni puede derivarse simplemente de compartir una misma estructura organizativa.

Si mañana aparecieran pruebas de una actuación negligente o de un encubrimiento, habría que publicarlas con toda contundencia.

Lo que no se puede hacer es sustituir esas pruebas por titulares que anticipen una condena reputacional.

No todo vale para debilitar el coprincipado

El coprincipado no es una institución intocable. Ninguna institución democrática debería serlo.

Se puede defender una reforma constitucional, cuestionar el papel de la Iglesia en la jefatura del Estado o reclamar un modelo institucional diferente. Todo ello forma parte del debate político legítimo.

Pero una cosa es defender estas posiciones abiertamente y otra es utilizar una denuncia por una presunta agresión sexual como combustible de una batalla política.

Una denuncia de esta naturaleza no debería convertirse en un arma para destruir reputaciones, ajustar cuentas institucionales o alimentar una ofensiva contra el coprincipado.

La persona denunciante no merece ver su relato instrumentalizado. El sacerdote investigado tiene derecho a la presunción de inocencia. Y Serrano Pentinat tiene derecho a que no se le atribuyan responsabilidades que no han sido acreditadas.

Estas tres afirmaciones son perfectamente compatibles.

En La Veu Lliure no nos prestaremos a una campaña de desgaste contra el copríncipe episcopal basada en insinuaciones o en una culpabilidad por asociación.

No renunciaremos a investigar al Obispado, ni a preguntar por sus decisiones, ni a publicar cualquier irregularidad que pueda demostrarse. Pero tampoco aceptaremos que el periodismo se convierta en una sucesión de juicios paralelos con conclusiones dictadas antes de conocer las pruebas.

Y si eso incomoda a determinadas cabeceras, que incomode.

El periodismo no consiste en decidir a quién hay que hundir, sino en explicar qué ha ocurrido, qué puede demostrarse y quién es realmente responsable.

El copríncipe Josep-Lluís Serrano Pentinat deberá responder de sus decisiones, como cualquier otro responsable institucional. No de las conductas que se atribuyan a terceras personas por el simple hecho de pertenecer a su diócesis.

Porque, si aceptamos esa lógica, mañana cualquier institución podrá ser condenada públicamente no por lo que haya hecho, sino por aquello que convenga atribuirle.

Y entonces el problema ya no será únicamente la credibilidad de un copríncipe. Será la credibilidad de un periodismo que habrá renunciado a distinguir entre informar, interpretar y condenar.