«¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!», grita la izquierda mientras cocina una nueva Ley Fundamental del Régimen contra la propiedad privada

No lo vimos venir. Sinceramente, nadie esperaba que la izquierda española saliera de su inducido letargo osuno para manifestarse a favor de una ley franquista como la LAU de 1964 y arremeter contra la norma liberalizadora que el mismísimo PSOE promulgó en 1994.

Les ha dado exactamente igual cabalgar contradicciones esquizofrénicas. Lo único importante era fabricar un relato a medida sobre el problema de la vivienda que perjudicase a su adversario político. 

Se trata de un relato confeccionado a partir de la emoción que suscita en cualquier persona bien nacida la situación de una anciana de ochenta y siete años. Se trata de la clásica falacia ad misericordiam combinada con un salto de categorización: hacer creer que todos los desahucios son tan «injustos» (sic) como el de Mari Carmen. 

La trampa de este caso es que la fábula argumental parte de una premisa falsa, pues el desahucio fue impecablemente legal y justo. 

Y, ya metidos en utilizaciones de tragedias personales, también resulta sospechoso que este mismo relato no se haya construido alrededor de otro caso mucho más grave, como es el de Olga, una mujer de 52 años que se suicidó el pasado 7 de septiembre tras ser desahuciada de su piso en Hospitalet de Llobregat…, donde gobierna el PSC-PSOE. ¿Casualidad o causalidad?

Según cacarea la opinión sincronizada del aparato gubernamental, nuestro NODO, el problema de la vivienda en España no radica en la falta de construcción de casas nuevas, sino en no «repartir justamente» las casas ya construidas. La brillantez mayéutica del zurderío patrio se puede resumir en esta ingeniosa pregunta: 

«¿Por qué construir más viviendas para quien no las tiene si los malvados especuladores tienen más de una? Mejor nos repartimos las casas que ya hay». ¡Claro! ¿Cómo no se nos había ocurrido antes?

Pero lo más peligroso de este relato infantil (con acampada cantarina de entre semana incluida) no es la evidente cortina de humo para tapar la invasión de Ceuta, el fraude electoral o la persecución a jueces de instrucción. 

No. Lo que más buscan las cabezas pensantes de la izquierda (haberlas haylas, sobre todo para el mal) es algo aún más pernicioso para un Estado de derecho: fabricar un ambiente social adecuado para forzar un cambio legislativo a la carta. 

Lo acaba de reconocer expresamente la portavoz del PSOE, una tal Mínguez, mediante una frase que hubiera firmado Manuel Fraga en 1976: «La calle nos está esperando». Un poco facha sí que suena.

Tras ocho años ininterrumpidos en el Gobierno, el PSOE y sus socios demuestran una nula autocrítica sobre el fracaso estrepitoso de sus políticas de vivienda. En lugar de asumir responsabilidades por la crisis inmobiliaria que ellos mismos han agravado, prefieren manipular la opinión pública al más puro estilo gramsciano. 

El objetivo es crear la falsa demanda ciudadana para reformar la ley a favor, claro, de las Mari Cármenes incumplidoras de contratos y leyes, y en contra de todos los propietarios, ya sean peligrosos buitres carroñeros o esforzadas palomas con un mensaje vital claro: trabajo duro y ahorro, que diría el profesor Bastos.

Crear la falsa demanda social y luego legislar es el típico mecanismo estatista de promulgación de leyes con fines bastardos. Ya ocurrió hace más de una década. Sitúense. Noviembre de 2012. 

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y el repunte de ejecuciones hipotecarias, una mujer, Amaia, se suicidó saltando desde el balcón de su casa en Barakaldo, justo en el momento en el que iba a ser desahuciada. 

Cuando el juez de guardia acudió al lugar para hacer el levantamiento del cadáver, se detuvo ante los medios de comunicación y, con lágrimas en los ojos, «exigió» cambiar las leyes bancarias. La chispa prendió. 

La izquierda azuzó entonces el fuego en las calles, y la presión de la supuesta demanda social hizo que los socialistas de todos los partidos, encabezados por el propio Gobierno de Mariano Rajoy, acabaran aprobando la Ley 1/2013 sobre protección de deudores hipotecarios.

Las consecuencias de aquella cesión normativa fueron demoledoras para la libertad en general, para el libre comercio en particular y para el principio de seguridad jurídica muy en particular.

Y ahora, en 2026, se nos viene este nuevo «proceso constituyente» de una Ley Fundamental de este Régimen, esta vez en contra del derecho a la propiedad privada. 

El llamado «Decreto Maricarmen» pretende dar una vuelta de tuerca a la liberticida Ley de Vivienda de 2023. Durante estos tres años, esta ley ha sido infame para el derecho de propiedad y, además, tiene el dudoso mérito de haber tenido el efecto contrario al deseado: estrangular la oferta y reducir las «soluciones habitacionales», que dirían los inmogenios colectivistas. 

La Ley de Vivienda estableció la expropiación de facto del uso de una vivienda a favor del ocupante, al despenalizar e institucionalizar tanto la denominada «inquiocupación» (el inquilino que no paga) como la ocupación de la patada en la puerta.

Pues bien, pese a que aquella ley dejaba poco margen para seguir pisoteando el derecho de propiedad, ahora llega este «Decreto Maricarmen», que lo consigue. 

Lo más destacado de esta norma, hecha a la carta de esa supuesta demanda social, es que expropia de facto el derecho de uso de la vivienda a favor del inquilino cumplidor (el que paga la renta y quiere que no se le actualice el importe nunca), algo que también es muy franquista. La imposibilidad de actualizar la renta o la prórroga forzosa del alquiler por voluntad unilateral del arrendatario ya estaban en la LAU de 1964. Facha, muy facha todo.

La expropiación del uso de la vivienda a favor de arrendatarios y «okupas» deja todavía menos margen para seguir destrozando la propiedad privada en el futuro. Ya solo queda embestir contra la nuda propiedad, esto es, contra la titularidad misma del inmueble. 

Pero lo harán. O, al menos, lo intentarán. Algunos ideólogos del entorno gubernamental ya teorizan abiertamente sobre legalizar la expropiación de viviendas particulares bajo la coartada de la «utilidad pública o interés social». 

Todavía ningún vanguardista normativo de la Moncloa ha explicado por qué el interés de un particular debe prevalecer sobre el derecho constitucional de todos los demás. Pero eso da igual. ¡Ni que la razón sirviese para ganar elecciones! 

Lo importante es que la ventana de Overton (lo que hoy parece imposible mañana será posible) acaba de volver a moverse. Y eso es lo verdaderamente preocupante: que, si nadie lo impide, los actuales liberticidas se salgan con la suya una vez más.