El fin del sanchismo

Hoy hemos conocido la declaración del presidente del Gobierno español anunciando que nuestros vecinos serán llamados a las urnas el próximo 29 de septiembre.

Pero el anuncio de estas elecciones anticipadas es la admisión de que este Gobierno nunca debería haber comenzado. El problema no es solo que hoy no pueda gobernar. Es que ya en 2023 sabía que tendría que hacerlo con una mayoría parlamentaria condicionada a la sumisión a Puigdemont.

Para ser investido necesitó reunir los apoyos de partidos incompatibles entre sí. Fueron 179 votos, suficientes para alcanzar la mayoría absoluta, pero también el origen de una legislatura construida sobre una premisa muy sencilla: cada apoyo tendría un precio. Y ahora ha llegado la factura.

La primera factura tiene un nombre propio: Bildu. El partido del terrorista Otegi fue uno de los apoyos que hicieron posible la investidura de 2023. Desde entonces, la relación entre el PSOE y el partido abertzale se ha normalizado hasta convertirse en una pieza más de la aritmética parlamentaria.

Para una parte importante de la sociedad española, aquella línea roja que durante años había defendido el propio Sánchez dejó de existir cuando necesitó sus votos para continuar en la Moncloa.

La segunda factura es la amnistía. Sánchez negó durante años que una medida de estas características formara parte de su proyecto político y acabó impulsando una ley de amnistía para los responsables del procés como parte de los acuerdos que permitieron su investidura.

Una concesión política que demostró que la palabra del presidente del Gobierno español no tenía ningún valor y que el Ejecutivo estaba vendido a Junts.

La tercera factura es la degradación de la confianza en las instituciones, que ha sido un no parar durante estos ocho años. Cuando un Gobierno necesita convertir cada institución en una pieza de su supervivencia, la separación de poderes deja de ser un requisito democrático y pasa a situarse en el centro del debate político.

Y aquí aparece uno de los episodios más graves de la legislatura: la condena del entonces fiscal general del Estado por el Tribunal Supremo. Después está la corrupción.

El caso Koldo, la investigación sobre Ábalos y la causa relacionada con Santos Cerdán o con la fontanera Leire y su relación con las mafias de la droga han situado a dirigentes socialistas bajo la lupa judicial.

A ello se han sumado otras investigaciones, como el caso Begoña o el del hermano colocado. No se trata de convertir una investigación judicial en una condena anticipada.

Pero tampoco hay que ser un genio para entender que, si el presidente está rodeado de casos de corrupción, es inevitable que no supiera nada: porque una de dos, o es un incompetente por no darse cuenta, o está implicado en los casos.

Y la factura no termina aquí. También están las consecuencias de una serie de pifias legislativas que el Gobierno ha tenido que acabar corrigiendo.

La ley del «solo sí es sí» es el ejemplo más evidente. Diversos juristas ya habían advertido, antes de su aprobación, de los problemas que podía generar. Pero el Gobierno prefirió sacarla adelante para cumplir con su programa ideológico. El resultado: una pifia legislativa que acabaron pagando la sociedad y las víctimas de violaciones.

Y con la inmigración, el patrón no ha sido muy diferente. Una política migratoria incapaz de dar una respuesta a la invasión, especialmente en Canarias y Ceuta, mientras se impulsaban medidas como la conocida como «ley de nietos», que sus críticos también han interpretado como una manera de ampliar el potencial censo electoral de la izquierda.

Mientras el Gobierno ha permitido una fuga de talento, con muchos jóvenes formados obligados a buscar oportunidades fuera, también ha impulsado una política migratoria destinada a favorecer los votos de la izquierda, pero que ha importado pobreza y ha agravado los problemas de delincuencia e integración.

El resultado es una política migratoria de puertas abiertas, unas fronteras a merced de África y un Gobierno que parece más preocupado por gestionar el relato que por frenar la sumisión a los Gobiernos del norte de África.

Y después está Adamuz. Un accidente con decenas de muertos que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿en qué estado se encuentran las infraestructuras públicas y qué ha hecho el Gobierno para garantizar su seguridad? ¿Dónde ha ido a parar todo el dinero público destinado al mantenimiento de las vías?

La respuesta no puede limitarse a esperar a que sean los tribunales o las comisiones de investigación quienes determinen qué ha fallado… Pero Adamuz no es un caso aislado.

La gestión de la DANA, cuando el Gobierno prefirió intervenir RTVE antes que enviar a la UME a Valencia, la actuación ante la erupción del volcán de La Palma y otras emergencias han dejado al descubierto la psicopatía del socialismo, en la que demasiado a menudo, cuando llega la tragedia, las administraciones se dedican primero a repartir responsabilidades y a protegerse políticamente antes que a dar una respuesta contundente a los ciudadanos.

Cuando hay muertos, familias que lo han perdido todo o ciudadanos atrapados ante una emergencia, la política partidista debería quedarse fuera de la puerta…

Y, finalmente, la vivienda, un ámbito en el que durante ocho años hemos oído hablar de emergencia habitacional y de promesas para facilitar el acceso a un piso.

Pero la realidad es tozuda, ya que comprar o alquilar una vivienda sigue siendo cada vez más difícil para buena parte de los españoles. Y ante esto, hay que hacerse una pregunta tan sencilla como incómoda: ¿de qué sirve un Ministerio de Vivienda si, después de ocho años, el problema sigue agravándose?

Cuando no tenía los votos, Sánchez ha gobernado a golpe de decreto; cuando necesitaba relato, ha encontrado en casos como el de Maricarmen una nueva oportunidad de comunicación política. Mucho anuncio, mucha propaganda y mucha batalla por el relato, pero demasiado a menudo poca capacidad para construir y resolver los problemas que afectan a los ciudadanos.

Y ahora, cuando ni siquiera es capaz de mantener unidos a sus socios para aprobar sus propias medidas de vivienda, queda al descubierto la realidad de esta legislatura: vemos un Gobierno corrupto que ha sido capaz de encontrar votos para mantenerse en el poder, pero no una mayoría estable para gobernar.

Esta es la paradoja con la que Sánchez llega a las elecciones. El Gobierno que nació gracias a una mayoría absurda, basada en pactos antinaturales, acaba convocando a los españoles a las urnas porque esa misma mayoría ya no es capaz de sostenerlo.

En 2023, Sánchez consiguió los votos necesarios para continuar en la Moncloa. Decidió pagar el precio que le exigían sus socios; decidió ceder sus principios a Bildu, a Junts, al rey de Marruecos… Prefirió mantenerse en el poder antes que reconocer que aquella aberración parlamentaria difícilmente permitiría una legislatura estable.

Ahora llega el momento de pagar la factura. Y esta vez no la cobrarán Bildu, Junts ni ningún otro socio. La factura llega a las urnas.

Sánchez, cierra al salir.