Emili Campos presenta una querella criminal contra el presidente del TC, el presidente de la Batllia y el fiscal general
Considera que la apertura de diligencias previas por sus manifestaciones en varios escritos podría haber vulnerado su derecho a la libertad de expresión
El letrado Emili Campos ha presentado una querella criminal por un presunto delito de impedimento del ejercicio de los derechos fundamentales, tipificado en el artículo 343 del Código Penal, contra el presidente del Tribunal Constitucional, Joan Manel Abril Campoy; el presidente de la Batllia, David Moynat Rossell, y el fiscal general, Xavier Sopena González.
El escrito, fechado el 30 de septiembre de 2026, sostiene que las actuaciones de estos responsables públicos podrían haber interferido en el derecho del letrado a ejercer su libertad de expresión en el marco de la defensa de los intereses de un cliente.
La querella solicita que los hechos sean investigados por la jurisdicción penal.
El origen del conflicto
Según destapa La Veu Lliure, el conflicto se remonta a varios escritos presentados en el marco de un procedimiento de revisión civil y de un posterior recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
El letrado afirma que en estos documentos cuestionó determinadas resoluciones judiciales y planteó posibles irregularidades en la aplicación del derecho, siempre —según su versión— en defensa de los intereses de su representado.
El Tribunal Superior de Justicia inadmitió la demanda de revisión el 30 de julio de 2025. Posteriormente, Campos presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y solicitó la recusación de dos magistrados por su intervención anterior en el procedimiento judicial de origen.
El Tribunal Constitucional rechazó las recusaciones e inadmitió el recurso de amparo mediante un auto del 17 de noviembre de 2025. El recurso de súplica presentado posteriormente también fue desestimado el 19 de enero de 2026.
Una comunicación del TC a la Batllia
La querella también hace referencia a una carta del presidente del Tribunal Constitucional al presidente de la Batllia, fechada el 2 de diciembre de 2025 y enviada con copia al Ministerio Fiscal.
En esta comunicación, el Tribunal Constitucional advertía de que algunos de los escritos presentados por la representación letrada contenían manifestaciones de notable gravedad sobre varios magistrados y autoridades judiciales, con referencias a posibles delitos de corrupción y otros ilícitos relacionados con el ejercicio de sus funciones.
La carta indicaba que estas afirmaciones podrían afectar al normal desarrollo de la función jurisdiccional y a la percepción externa de la independencia del Tribunal Constitucional.
La comunicación invocaba el artículo 13 de la Ley cualificada del Tribunal Constitucional, que permite a su presidente solicitar el auxilio de la jurisdicción ordinaria cuando determinadas actuaciones puedan perjudicar la independencia de los magistrados o alterar el ejercicio de sus funciones.
Las diligencias previas
Después de esta comunicación, la Presidencia de la Batllia trasladó la documentación a la jurisdicción penal. Los hechos dieron lugar a las diligencias previas 4000857/2025, instruidas por una jueza.
El 18 de diciembre de 2025, el fiscal general informó de que las manifestaciones del letrado podrían ser constitutivas, presuntamente, de los delitos de calumnias, contra el prestigio de las instituciones y de difamación contra autoridad o funcionario, previstos en el Código Penal.
El 3 de septiembre de 2026, la jueza instructora citó a Emili Campos para que comparezca el próximo 8 de octubre en calidad de investigado en el marco de estas diligencias.
Campos alega una vulneración de la libertad de expresión
En la querella, el letrado defiende que sus manifestaciones formaban parte de la estrategia procesal utilizada para defender a su cliente y que no constituían descalificaciones gratuitas, sino críticas jurídicas relacionadas con el contenido de varias resoluciones judiciales.
Campos considera que la apertura de las diligencias penales puede tener un efecto disuasorio sobre el ejercicio de la abogacía y sostiene que la actuación de los responsables públicos podría encajar en el delito de impedimento del ejercicio de los derechos fundamentales.
La querella pide investigar los hechos
Entre las diligencias solicitadas, el escrito pide tomar declaración a los querellados, requerir al Tribunal Constitucional el acta en la que se acordó trasladar la carta a la Batllia e incorporar al procedimiento las diligencias previas.
Campos también solicita ser considerado acusador particular y actor civil, así como poder ampliar eventualmente la querella a otros miembros del Tribunal Constitucional si se determina que participaron en el acuerdo que dio lugar a la comunicación del 2 de diciembre de 2025.
La querella pide finalmente que se abra una investigación penal, que se practiquen las diligencias solicitadas y que, si procede, se depuren las responsabilidades que pudieran corresponder.
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