Resma Punjabi: Un sistema más que obsoleto

Artículo de opinión de Resma Punjabi

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por el autor Resma Punjabi
5 minutos de lectura
Publicado el Domingo, 22 Noviembre 2026 - 16:33

El incidente de seguridad en la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), que ha expuesto los datos personales de más de 477.000 NIA, ha encendido todas las alarmas.

Detrás de estas cifras hay personas que no saben hasta qué punto sus datos están comprometidos, qué riesgos afrontan ni quién las protegerá. Una situación de indefensión que no se resuelve hablando únicamente de corresponsabilidad.

De repente, la protección de datos parece una prioridad nacional. Los partidos políticos reclaman explicaciones, auditorías y responsabilidades. Bienvenidos al debate. Pero ¿dónde estaban cuando se advertía de las debilidades del sistema?

Las deficiencias estructurales de la Agencia de Protección de Datos

Cuando asumí la dirección de la Agencia Andorrana de Protección de Datos (APDA), en noviembre de 2021, constaté carencias estructurales que dificultaban su labor. La nueva legislación exigía una mayor supervisión en un país cada vez más digitalizado y con acuerdos con grandes empresas tecnológicas.

Mi estrategia consistía en priorizar el control de la Administración pública, que debía dar ejemplo ante un sector privado expuesto a importantes sanciones, y corregir prácticas inadecuadas que se habían normalizado durante años.

La respuesta institucional no fue reforzar la autoridad de control. El presupuesto de 2023 era incluso inferior al de 2013. Se recortaban retribuciones, faltaba personal especializado y aumentaban los obstáculos administrativos.

A pesar de todo, continué impulsando la labor de control de la APDA, que sancionó al Gobierno por falta de transparencia en los certificados digitales, a Andorra Telecom por deficiencias de seguridad en las eSIM e investigó el uso de la inteligencia artificial para tratar opiniones políticas, entre otras actuaciones.

El ciberataque a Andornet ya había evidenciado los problemas

El ciberataque a Andornet, en noviembre de 2024, puso de manifiesto la gravedad de estas carencias. La APDA recibió 38 notificaciones de violaciones de seguridad, que incrementaron considerablemente la carga de trabajo de una Agencia que ya gestionaba numerosas actuaciones con recursos insuficientes, con el consiguiente riesgo de retrasos en la protección de los derechos de la ciudadanía.

Todo esto ocurría en una etapa en la que, en lugar de afrontar esta realidad, se cuestionaba públicamente la gestión de la APDA, entre falsas acusaciones y represalias.

¿Qué preocupaba realmente a los responsables políticos? ¿La protección de los datos de la ciudadanía o que existiera una autoridad dispuesta a poner límites a prácticas potencialmente irregulares de la Administración y advertir de los riesgos futuros?

En este contexto, las injerencias políticas en decisiones presupuestarias y administrativas propias de la dirección de la APDA acabaron politizando el organismo, hasta el punto de «regularizarlas» urgentemente mediante una reforma legal hecha a medida, en julio de 2024, que debilitó todavía más su autonomía y capacidad de actuación, hasta llegar al bloqueo institucional.

Todo ello, en contradicción con el Convenio 108+ del Consejo de Europa y la decisión de adecuación de la Comisión Europea, que exigen autoridades con plena independencia.

En este sentido, considero que, si en casa no cumplimos los mínimos, es un despropósito que pidamos ayuda fuera.

Una denuncia ante la Fiscalía por las injerencias políticas

En septiembre de 2025, todavía como autoridad, denuncié ante la Fiscalía, mediante un amplio expediente de pruebas, las injerencias, los obstáculos y las irregularidades que había sufrido la APDA.

Ya entonces, hace más de un año, advertí de que la politización de la Agencia vulneraba sistemáticamente el derecho fundamental a la protección de los datos personales y dejaba a la ciudadanía expuesta a abusos y tratamientos ilícitos.

Ahora se habla de hacer un diagnóstico y de investigar el incidente de la CASS. Quizá el diagnóstico debería comenzar por el expediente que ya está en la Fiscalía y que apunta a la raíz de problemas como el que hemos vivido.

El ciberataque a la CASS y el papel de la APDA

Mientras tanto, ante uno de los robos de datos más graves de la historia del país, en el Consell General se habla de ciberseguridad y se ignoran las posibles vulneraciones de la normativa de protección de datos. ¿Y la APDA?

¿Podemos confiar en que investigará los hechos con garantías? De momento, lo que ha hecho es emitir recomendaciones conjuntamente con Andorra Digital y la Agencia de Ciberseguridad, sin que se haya aclarado si esta última ejerció adecuadamente sus funciones.

Parece que hay que recordar que la APDA no existe para justificar las deficiencias de la Administración, preservar su reputación ni ir de la mano de ella, sino para investigar con independencia y rigor técnico, determinar posibles infracciones, exigir medidas correctoras y sancionar los incumplimientos cuando corresponda.

Y parece que esto último nadie quiere entenderlo: ni los políticos, ni el Gobierno ni siquiera, por lo que parece, la actual dirección de la Agencia.

Un sistema institucional que necesita cambios

No existe madurez democrática posible con un sistema institucional obsoleto que no garantiza la transparencia, la rendición de cuentas ni el respeto a los límites del poder político.

Nombrar a los responsables de una institución no significa tenerla al servicio de los propios intereses, sino garantizar que actúe en defensa del interés general.

Tampoco consiste en imponer el silencio, evitar explicaciones o dejar pasar el tiempo hasta que los problemas caigan en el olvido.

Porque algo falla en la manera de entender el servicio público cuando quien denuncia las deficiencias acaba dimitiendo y quien debería haberlas corregido continúa en su puesto.

Mi dimisión debería haber sido un punto de inflexión. El incidente de la CASS también debería serlo.

Pero mientras se sigan escondiendo los problemas bajo una buena capa de maquillaje y detrás de una portada de revista, nada cambiará y los derechos de la ciudadanía continuarán en riesgo.

Habrán pasado veinte siglos y todavía creen que pueden distraernos con pan y circo para que dejemos de exigir responsabilidades.

Quizá ya sea hora de dejar de aplaudir un espectáculo lamentable que pagamos entre todos.

Porque toda esta puesta en escena ha servido para desviar la atención de las vergüenzas del sistema, pero no para evitar que hoy tengamos que preguntarnos hasta qué punto están protegidos los datos personales de todo un país.

 

Comentaris

angels capdevi… (no verificado) — Dom, 22 Nov 2026 - 11:16

Yo soy jubilada no quiero quedarme sin mi sueldo y mis cuenta bancaria bacia que hago ????

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