La Asociación de Mujeres de Andorra critica que la reforma del aborto mantenga las penas a los médicos

La Asociación de Mujeres de Andorra (ADA) ha expresado su desacuerdo con varios aspectos de la reforma del artículo 117 del Código Penal, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario. 

La entidad considera que la propuesta del Gobierno es insuficiente porque mantiene las sanciones penales al personal sanitario que practica interrupciones voluntarias del embarazo y no reconoce plenamente el derecho de las mujeres a decidir.

La asociación envió el pasado viernes una carta a los presidentes de los grupos parlamentarios del Consell General para reclamar la presentación de enmiendas que amplíen el alcance de la reforma y garanticen una mayor protección de los derechos de las mujeres.

Críticas a una reforma que considera «paternalista»

La ADA reconoce como un avance que la modificación legislativa pretenda evitar que las mujeres sean castigadas penalmente por interrumpir su embarazo. Sin embargo, cuestiona el planteamiento jurídico escogido por el Gobierno.

En particular, rechaza que la no punibilidad de las mujeres se justifique a partir de una situación de vulnerabilidad, una formulación que califica de «paternalista» porque, según la entidad, no reconoce su autonomía ni su capacidad de decisión.

La asociación defiende que la reforma debería partir del reconocimiento de las mujeres como titulares de derechos y no de la necesidad de justificar determinadas circunstancias personales para evitar una sanción penal.

Reclaman recuperar la cobertura de la CASS y proteger a los profesionales sanitarios

Entre las modificaciones que la ADA propone a los grupos parlamentarios figura la eliminación de la vulnerabilidad como requisito para evitar el castigo penal, así como el reconocimiento explícito de la capacidad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo y su salud.

La entidad también reclama protección jurídica para las personas que acompañan a las mujeres durante el proceso, la recuperación de la cobertura de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) y la creación de un protocolo público de acompañamiento.

Además, solicita incorporar excepciones a la penalización del aborto en supuestos de riesgo para la vida o la salud de la mujer, violación, incesto o inviabilidad del embarazo, de acuerdo con las recomendaciones de las Naciones Unidas.

Estas demandas van más allá del proyecto actual, que plantea eliminar el castigo penal para las mujeres, pero mantiene las sanciones para los profesionales sanitarios que practiquen interrupciones del embarazo.

«Queremos una ley que nos reconozca como personas con derechos»

La presidenta de la asociación, Elvira Geli Roig, considera que la iniciativa legislativa representa «un primer paso», pero insiste en que su contenido debería ser más ambicioso.

«Queremos una ley que nos reconozca como personas con derechos y con capacidad de decisión», afirma Geli, quien defiende que la regulación del aborto no debería construirse sobre una presunta vulnerabilidad de las mujeres.

La ADA asegura que continuará trabajando para conseguir la despenalización total del aborto y el reconocimiento de un acceso libre y gratuito a la interrupción voluntaria del embarazo en Andorra.