El Ejecutivo advierte al Sindicato de Vivienda que no permitirá el bloqueo de la frontera por la Purísima
Molné asegura que las protestas no pueden impedir la circulación de personas y mercancías ni perjudicar la economía del Principado
La ministra de Justicia e Interior de Andorra, Ester Molné, ha rechazado el posible bloqueo de la frontera durante el puente de la Inmaculada, una medida de protesta planteada por el Sindicato de Vivienda si el Gobierno no responde a sus reivindicaciones sobre el acceso a la vivienda.
Molné ha advertido de que el Ejecutivo no respaldará ninguna movilización que impida la libre circulación de personas y mercancías, aunque ha reconocido que el derecho de manifestación es fundamental y que la crisis de la vivienda constituye una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
«Las manifestaciones, desde un punto de vista legal, no pueden obstaculizar la libre circulación de personas y bienes»
Sus declaraciones llegan después de que el Sindicato de Vivienda anunciara este jueves la posibilidad de organizar una gran manifestación durante el puente de diciembre, que podría incluir un corte fronterizo como medida de presión contra el Gobierno andorrano.
Interior exige una alternativa al bloqueo de la frontera
La titular de Justicia e Interior ha asegurado que su ministerio ha mantenido habitualmente una actitud flexible ante las convocatorias de manifestaciones.
Según Molné, Interior ha facilitado el ejercicio del derecho de protesta, que considera una garantía fundamental en una sociedad democrática.
Sin embargo, ha insistido en que las movilizaciones tienen límites legales cuando afectan a la circulación de personas y mercancías.
Por este motivo, ha advertido de que si el Sindicato de Vivienda plantea una manifestación que implique bloquear alguno de los pasos fronterizos de Andorra, tendrá que buscar una alternativa.
La ministra también ha defendido que las protestas no deben perjudicar los intereses económicos del país.
Por el momento, Molné no ha detallado qué actuaciones concretas adoptaría el Gobierno si los manifestantes intentaran ejecutar el corte anunciado.
El Sindicato de Vivienda había dado un ultimátum al Gobierno
La respuesta de la ministra llega después de la concentración celebrada este jueves en la plaza de la Rotonda de Andorra la Vella, que reunió a más de un centenar de personas para reclamar mayores medidas de protección de los inquilinos.
Durante la movilización, la portavoz del sindicato, Rebeca Bonache, advirtió de que la organización daba de plazo al Gobierno hasta el puente de la Inmaculada para responder a sus reivindicaciones.
En caso de no recibir una respuesta satisfactoria, el colectivo planteó convocar una manifestación que podría incluir el bloqueo de la frontera.
El sindicato también puso sobre la mesa la posibilidad de promover una huelga general en 2027 si considera que no se producen cambios suficientes en las políticas de vivienda.
Por el momento, ninguna de estas dos movilizaciones tiene una convocatoria definitiva.
La crisis del alquiler, en el centro del conflicto
El enfrentamiento entre el Gobierno de Andorra y el Sindicato de Vivienda se produce en un contexto de creciente preocupación por el precio de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda asequible.
Durante su intervención del jueves, Bonache acusó a la mayoría parlamentaria de haber ignorado las propuestas de modificación que el sindicato había presentado durante la tramitación de la legislación de vivienda.
La portavoz también criticó el programa de ayudas al alquiler anunciado por el Gobierno, al considerar que utilizar dinero público para complementar el pago de rentas elevadas puede acabar beneficiando indirectamente a los propietarios.
En su discurso, Bonache cuestionó que el Ejecutivo destine recursos procedentes de los impuestos a financiar lo que considera alquileres abusivos, en lugar de adoptar medidas que reduzcan directamente sus precios.
El Gobierno había anunciado en septiembre un programa de ayudas destinado a personas que dediquen más del 30% o del 36% de sus ingresos al alquiler, sujeto a determinados requisitos económicos y patrimoniales.
El sindicato considera que estas ayudas no solucionan el problema de fondo y que pueden trasladar parte del coste de los alquileres elevados al conjunto de los contribuyentes.
Bonache también aseguró que la organización continúa recibiendo casos de personas que han sido avisadas de que deberán abandonar sus viviendas, jóvenes que no pueden independizarse y familias que se plantean marcharse de Andorra.
La portavoz no concretó durante su intervención el número de afectados ni las circunstancias contractuales de cada caso.
El puente de diciembre, una fecha clave para la economía de Andorra
La posibilidad de cortar la frontera adquiere especial importancia por las fechas elegidas para la protesta.
El puente de la Constitución y de la Inmaculada es uno de los periodos de mayor afluencia turística en Andorra, especialmente por la llegada de visitantes procedentes de España.
La actividad comercial, la hostelería y el turismo de montaña dependen en buena medida de los desplazamientos transfronterizos durante estos días.
Por ello, una eventual interrupción de la circulación en los accesos al Principado podría afectar a los desplazamientos de residentes, trabajadores y visitantes, así como al transporte de mercancías.
El Sindicato de Vivienda contempla esta posibilidad como una medida de presión para conseguir que el Ejecutivo atienda sus demandas.
Por su parte, Interior sostiene que el derecho a manifestarse no ampara el bloqueo de la circulación fronteriza y reclama que cualquier convocatoria respete los límites legales.
El Gobierno y el sindicato mantienen sus posiciones
Las declaraciones de Molné anticipan un posible conflicto sobre las condiciones de las próximas movilizaciones si el Sindicato de Vivienda decide materializar su advertencia.
La ministra ha reconocido que el acceso a la vivienda es una cuestión especialmente sensible, pero ha separado las reivindicaciones sociales del debate sobre los límites legales de las protestas.
El Gobierno de Andorra no respaldará una manifestación que implique bloquear la frontera, mientras que el sindicato mantiene la posibilidad de intensificar las movilizaciones durante diciembre.
La organización también contempla una eventual huelga general en 2027, aunque todavía no ha fijado ninguna fecha ni ha formalizado la convocatoria.
El próximo punto de tensión será el puente de la Inmaculada, cuando se comprobará si las reivindicaciones del Sindicato de Vivienda se traducen en nuevas protestas y cómo responde el Ejecutivo andorrano
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