«Llevo años alertando del deterioro de la seguridad en Andorra, mientras el Gobierno lo ha negado reiteradamente»

La presidenta de Andorra Endavant, Carine Montaner, ha advertido, en declaraciones a La Veu Lliure, de lo que considera un deterioro progresivo de la seguridad ciudadana en Andorra y ha acusado al Gobierno del Principado de negar reiteradamente una problemática sobre la que asegura que lleva años alertando.

«Llevo años alertando del deterioro de la seguridad en Andorra, mientras el Gobierno lo ha negado reiteradamente», ha manifestado Montaner, que considera imprescindible revisar la manera en que las instituciones analizan y presentan los datos de criminalidad.

La dirigente política sostiene que la evolución de la delincuencia debe estudiarse teniendo en cuenta el crecimiento demográfico registrado en Andorra durante los últimos años, con el objetivo de ofrecer una imagen más precisa de la situación de la seguridad pública.

En este sentido, la presidenta de Andorra Endavant propone analizar la tasa de delitos por cada 100.000 habitantes, un indicador utilizado habitualmente para comparar los niveles de criminalidad entre territorios y periodos diferentes.

Según Montaner, este sistema permitiría contextualizar las cifras absolutas y evaluar con mayor rigor la evolución de los delitos en el Principado.

La dirigente considera que las estadísticas oficiales deben acompañarse de un análisis de las tendencias delictivas y de las preocupaciones expresadas por los ciudadanos, sin minimizar los problemas que puedan existir.

Preocupación por los robos, las agresiones sexuales y las peleas en Andorra

Uno de los principales asuntos señalados por Carine Montaner es la creciente preocupación que, según afirma, le trasladan algunos ciudadanos por determinados episodios de delincuencia y violencia registrados en el país.

Entre los hechos que generan mayor inquietud, la presidenta de Andorra Endavant menciona los robos, las agresiones sexuales y las peleas con consecuencias graves, situaciones que considera necesario abordar desde las instituciones.

«No podemos ignorar el sentimiento de inseguridad creciente que nos traslada la ciudadanía cuando oye hablar de robos, agresiones sexuales y peleas con consecuencias graves», ha señalado.

Montaner considera que la seguridad ciudadana no debe evaluarse exclusivamente mediante las estadísticas de criminalidad, sino que también resulta necesario prestar atención a la percepción de quienes viven y trabajan en Andorra.

En su opinión, el Gobierno de Andorra debe escuchar las preocupaciones ciudadanas y evitar restar importancia a los problemas relacionados con la delincuencia.

La dirigente insiste en que reconocer las inquietudes de la población constituye un primer paso para mejorar las políticas de prevención y reforzar la confianza en las instituciones responsables de garantizar el orden público.

No obstante, las declaraciones de Montaner expresan su valoración política de la situación y no aportan, por sí solas, una serie estadística que permita acreditar un aumento generalizado de la criminalidad.

Montaner denuncia que los policías de Andorra encuentran obstáculos para investigar

Más allá de la evolución de la seguridad ciudadana, la presidenta de Andorra Endavant también ha puesto el foco en las condiciones de trabajo de los agentes del Cuerpo de Policía de Andorra.

Según ha explicado a La Veu Lliure, algunos funcionarios policiales le han trasladado dificultades que, a su juicio, pueden limitar la capacidad operativa del cuerpo y complicar determinadas investigaciones.

Entre los problemas señalados destaca el exceso de burocracia administrativa, que considera un obstáculo para desarrollar las tareas policiales con la agilidad necesaria.

Montaner también denuncia dificultades para acceder a determinados datos e informaciones relevantes para las investigaciones, una cuestión que considera necesario resolver respetando las garantías legales y los derechos fundamentales.

La dirigente entiende que los agentes deben disponer de herramientas adecuadas para investigar los delitos, identificar a los presuntos responsables y actuar con eficacia ante posibles amenazas para la seguridad pública.

Sin embargo, uno de los aspectos que más preocupa a la presidenta de Andorra Endavant es la inseguridad jurídica que, según asegura, pueden experimentar algunos agentes durante el ejercicio de sus funciones.

«No podemos tener una policía con miedo a hacer su trabajo»

Carine Montaner ha advertido de que determinados funcionarios policiales temen verse involucrados en procedimientos judiciales como consecuencia de actuaciones realizadas durante su actividad profesional.

Según la dirigente, esta preocupación también está relacionada con la posibilidad de que los agentes deban asumir personalmente los gastos de los abogados encargados de defenderlos en determinados procedimientos.

Una situación que, a su entender, puede generar incertidumbre entre los funcionarios y afectar a su capacidad para actuar con confianza durante intervenciones complejas.

«No podemos tener una policía con miedo a hacer su trabajo», ha subrayado Montaner.

La presidenta de Andorra Endavant sostiene que los agentes necesitan garantías jurídicas claras y respaldo institucional cuando desarrollan actuaciones ajustadas a la legalidad.

En este contexto, considera necesario revisar los mecanismos de asistencia jurídica disponibles para los funcionarios y establecer condiciones que permitan ejercer sus responsabilidades profesionales sin temores injustificados.

Su propuesta se centra en reforzar la protección legal de los policías que actúen correctamente, sin eliminar los controles judiciales ni las responsabilidades que puedan derivarse de actuaciones contrarias a la ley.

Andorra Endavant exige menos burocracia y mayor protección jurídica para la Policía

Ante las dificultades denunciadas, Andorra Endavant reclama al Gobierno de Xavier Espot una revisión de los procedimientos administrativos y de las garantías jurídicas de los miembros del Cuerpo de Policía.

La formación considera prioritario reducir los trámites que no aporten valor a las investigaciones y facilitar el trabajo cotidiano de los funcionarios encargados de velar por la seguridad ciudadana.

También defiende mejorar los mecanismos de acceso a la información necesaria para desarrollar las investigaciones policiales, siempre dentro de los límites establecidos por la legislación.

«Desde Andorra Endavant defendemos reducir el papeleo innecesario, garantizar una protección jurídica adecuada a los agentes que actúan y facilitarles el acceso a la información necesaria para investigar, con las garantías correspondientes», ha explicado Montaner.

La dirigente considera que estas medidas permitirían reforzar la capacidad de respuesta ante los delitos y mejorar las condiciones en las que los funcionarios desempeñan sus responsabilidades.

Asimismo, insiste en que la protección jurídica de los policías debe entenderse como una herramienta para garantizar el correcto funcionamiento del servicio público y no como un mecanismo para evitar posibles responsabilidades.

Montaner exige al Gobierno de Andorra que escuche a los agentes y actúe

La presidenta de Andorra Endavant ha concluido sus declaraciones reclamando una respuesta política a las preocupaciones sobre la seguridad ciudadana y las condiciones laborales de los funcionarios policiales.

A su juicio, la lucha contra la delincuencia en Andorra requiere una Policía dotada de recursos suficientes, herramientas de investigación adecuadas y un marco jurídico que ofrezca seguridad a sus profesionales.

Montaner considera que las instituciones deben mantener un diálogo directo con los agentes para identificar los obstáculos que encuentran durante su actividad y adoptar soluciones que permitan mejorar el servicio.

La dirigente también insiste en la necesidad de que el Ejecutivo reconozca las preocupaciones existentes en materia de seguridad y ofrezca respuestas concretas, en lugar de limitarse a rechazar las críticas sobre la situación del Principado.

«La seguridad exige una policía con medios, apoyo y capacidad de actuación. El Gobierno debe escuchar a los agentes y dar respuestas», ha concluido.

Las declaraciones de Carine Montaner vuelven a situar la seguridad ciudadana, la evolución de la delincuencia y las condiciones de trabajo de la Policía de Andorra en el centro del debate político, especialmente en un contexto en el que la dirigente reclama mayor transparencia estadística y medidas para reforzar la protección de los funcionarios policiales.