Marsol se reúne con el Sindicato de la Vivienda ante la amenaza de bloquear la frontera
El encuentro aborda las ocho reivindicaciones del colectivo
La ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda de Andorra, Conxita Marsol, y representantes del Sindicat de l'Habitatge mantienen este martes una reunión para abordar la crisis residencial que atraviesa el Principado.
El encuentro se celebra en el edificio administrativo del Prat del Rull y tiene como objetivo analizar las ocho reivindicaciones que la organización ha trasladado al Gobierno y a los grupos parlamentarios.
La reunión llega en un momento de creciente tensión entre el colectivo y el Ejecutivo, después de que el sindicato haya advertido de la posibilidad de organizar una protesta que afecte a una de las dos fronteras de Andorra durante el puente de la Inmaculada Constitución, conocido en el Principado como el puente de la Purísima.
La organización ha fijado el 3 de diciembre como fecha límite para que las instituciones respondan a sus demandas. En caso contrario, no descarta impulsar una movilización que podría afectar a la circulación de vehículos y mercancías durante uno de los periodos turísticos más importantes del inicio de la temporada de invierno.
Las exigencias del sindicato: alquileres regulados y protección frente a los desahucios
Entre las principales reivindicaciones que el Sindicato de la Vivienda ha puesto sobre la mesa destaca la necesidad de garantizar la continuidad de los contratos de alquiler y establecer mecanismos de regulación de los precios para frenar el encarecimiento de la vivienda.
El colectivo también reclama que ninguna persona pueda ser desahuciada sin disponer previamente de una alternativa residencial digna, una medida que considera esencial para proteger a las familias más vulnerables.
Estas propuestas forman parte de un conjunto de ocho demandas que la organización ha trasladado a las instituciones con la intención de conseguir cambios en las políticas de vivienda.
El sindicato considera que las medidas impulsadas hasta ahora por el Gobierno no han sido suficientes para responder a las dificultades que afrontan numerosos residentes para acceder a una vivienda o mantener sus contratos de alquiler.
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