Todos los grupos parlamentarios pactan una reforma para reforzar la independencia del TC
Una de las principales novedades afecta al estatuto de los magistrados del Tribunal Constitucional de Andorra
Los cinco grupos parlamentarios del Consell General de Andorra han acordado impulsar conjuntamente una reforma de la Ley cualificada del Tribunal Constitucional con el objetivo de reforzar la independencia de la institución, mejorar su funcionamiento interno y adaptar los procedimientos constitucionales a las necesidades actuales.
La iniciativa ha sido presentada por Demòcrates, Concòrdia, el Partit Socialdemòcrata, Andorra Endavant y Ciutadans Compromesos, que han registrado una proposición de ley para modificar la normativa aprobada en 1993, cuyo texto fue consolidado en 2023.
La propuesta legislativa se centra en tres grandes ámbitos: las garantías y responsabilidades de los magistrados, la autonomía organizativa del Tribunal Constitucional y la revisión de los procedimientos de protección de los derechos fundamentales.
Cambios en las responsabilidades e incompatibilidades de los magistrados
Una de las principales novedades afecta al estatuto de los miembros del Tribunal Constitucional, especialmente en lo relativo a las condiciones del mandato, las causas de cese, las incompatibilidades y el régimen de responsabilidad.
La reforma establece que los magistrados constitucionales únicamente podrán responder civilmente cuando hayan actuado con dolo o negligencia grave e inexcusable, equiparando así su régimen al de los jueces y magistrados de la jurisdicción ordinaria.
Esta modificación pretende reforzar las garantías de los integrantes del Tribunal en el ejercicio de sus funciones y delimitar las circunstancias en las que se les pueden exigir responsabilidades civiles.
La proposición también revisa las disposiciones relativas al mandato y al cese de los magistrados, así como las incompatibilidades vinculadas al cargo.
Mayor autonomía y mecanismos para evitar bloqueos
Otro de los objetivos de la reforma es ampliar la capacidad del Tribunal Constitucional para gestionar sus propios asuntos.
El texto plantea una separación más clara entre las funciones jurisdiccionales y las tareas de administración interna, con la voluntad de reforzar la autonomía organizativa del organismo respecto al resto de instituciones.
Además, se introducen modificaciones en las normas de funcionamiento del Pleno del Tribunal Constitucional.
En concreto, se revisan los criterios para constituir las sesiones, adoptar acuerdos y resolver situaciones de empate que puedan provocar bloqueos institucionales.
La proposición también incorpora la posibilidad de que los magistrados participen en deliberaciones y votaciones por medios telemáticos, siempre que concurran circunstancias excepcionales que lo justifiquen.
Cambios en los recursos de amparo y el acceso al Tribunal de Estrasburgo
La iniciativa parlamentaria también introduce modificaciones en los procedimientos constitucionales, especialmente en los mecanismos de protección de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución.
Entre los cambios previstos figura la revisión de los requisitos de presentación de las demandas, las causas de inadmisión y el funcionamiento de los recursos de súplica.
Una de las novedades más destacadas afecta a los recursos de amparo constitucional, el procedimiento que permite acudir al Tribunal Constitucional cuando se considera que se han vulnerado determinados derechos fundamentales.
La reforma aclara expresamente que no será necesario presentar un recurso de súplica contra una decisión de inadmisión para poder acudir posteriormente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
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