Andorra Endavant presenta ocho enmiendas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad sin crear nuevos organismos

Andorra Endavant ha presentado ocho enmiendas al Proyecto de ley cualificada de garantía de los derechos de las personas con discapacidad, con el objetivo de evitar la creación de nuevas estructuras administrativas y reforzar los mecanismos de protección del colectivo a través de los organismos públicos ya existentes.

Una de las principales modificaciones que defiende la formación es suprimir la creación del Observatorio Nacional de la Discapacidad, previsto en el proyecto legislativo. 

Según Andorra Endavant, las funciones que debería asumir este nuevo organismo ya pueden ser desarrolladas por el Departamento de Estadística, el Gobierno y el Consejo Nacional de la Discapacidad (Conadis).

El grupo considera que crear un nuevo observatorio supondría una duplicidad administrativa innecesaria y defiende que los recursos públicos se concentren en la atención directa a las personas con discapacidad.

Proponen eliminar el fondo de solidaridad específico

Otra de las enmiendas plantea suprimir la previsión de crear un fondo de solidaridad destinado específicamente a las personas con discapacidad.

La formación argumenta que el propio proyecto de ley ya establece mecanismos de financiación y ayudas públicas para garantizar los derechos del colectivo y que, por tanto, no considera necesario incorporar un nuevo instrumento.

En este sentido, Andorra Endavant apuesta por utilizar los recursos disponibles dentro de la Administración pública y evitar la creación de nuevas estructuras de gestión.

La misma filosofía se aplica a la elaboración y el seguimiento del Plan nacional de prevención y a las evaluaciones periódicas previstas en la futura normativa.

El grupo defiende que estas tareas sean asumidas prioritariamente por profesionales de la Administración, sin necesidad de recurrir sistemáticamente a contrataciones externas.

Esto no excluiría la participación de expertos especializados cuando fuera necesario, pero evitaría que la contratación de asesoramiento externo se convirtiera en una obligación habitual.

Cambios en los criterios para valorar la discapacidad

Una de las propuestas más destacadas afecta al funcionamiento de la Comisión Nacional de Valoración (Conava), el organismo encargado de evaluar las situaciones de discapacidad.

Andorra Endavant quiere reforzar los criterios utilizados para que las valoraciones sean objetivas, homogéneas y basadas en la afectación funcional real de cada persona, en lugar de tener en cuenta únicamente el diagnóstico médico.

Según el grupo parlamentario, esta modificación permitiría adaptar mejor las valoraciones a las circunstancias individuales y garantizar un trato equitativo.

La formación subraya que la propuesta no pretende modificar la composición de la Conava ni restringir los derechos de las personas con discapacidad.

Además, plantea evitar revisiones periódicas innecesarias en los casos de discapacidades permanentes o irreversibles, con el objetivo de reducir los trámites administrativos que deben afrontar las personas afectadas.

Menos burocracia y más recursos para las personas

Las ocho enmiendas presentadas responden a una misma línea política: limitar el crecimiento de las estructuras administrativas y priorizar el uso de los medios públicos que ya están disponibles.

Desde Andorra Endavant consideran que garantizar los derechos de las personas con discapacidad no debe implicar necesariamente la creación de nuevos organismos, fondos o mecanismos burocráticos.

El grupo parlamentario defiende que las políticas públicas deben centrarse en las necesidades reales de las personas, con criterios de valoración rigurosos y una distribución eficiente de los recursos.

Las modificaciones propuestas deberán debatirse durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, que determinará qué enmiendas se incorporan finalmente al texto legislativo.