Baró admite que no se puede ir más allá en la reforma del aborto: «Es lo mínimo para mantener el Coprincipado»

La reforma del aborto impulsada por el Gobierno de Xavier Espot ha terminado abriendo un doble frente político e institucional. 

La propuesta no satisface a las organizaciones feministas, que consideran que el aborto continúa criminalizado, ni tampoco a los sectores provida, que cuestionan la necesidad de modificar el Código Penal y advierten de las tensiones que la iniciativa puede generar en torno al Coprincipado episcopal.

Lejos de conseguir un consenso, el Ejecutivo ha situado la reforma en un terreno especialmente delicado: intenta presentarla como un avance en los derechos de las mujeres sin alterar los equilibrios constitucionales, pero termina recibiendo críticas de sectores que defienden posiciones completamente diferentes.

El ministro de Relaciones Institucionales, Educación y Universidades, Ladislau Baró, ha defendido que la propuesta constituye «lo mínimo» necesario para compatibilizar la despenalización de la mujer con la continuidad del Coprincipado.

Una justificación que, sin embargo, no resuelve la principal contradicción política de la reforma: el Gobierno defiende que avanza hacia la despenalización, pero mantiene consecuencias penales para los profesionales sanitarios que practiquen abortos.

Las feministas denuncian que el aborto seguirá siendo delito

La modificación del artículo 117 del Código Penal contempla eliminar la responsabilidad penal de la mujer que interrumpa voluntariamente su embarazo. 

Sin embargo, los profesionales sanitarios seguirán expuestos a penas de prisión e inhabilitación de hasta cinco años si practican una interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos castigados por la legislación.

Este planteamiento ha provocado el rechazo de Acció Feminista, que considera insuficiente una reforma que no elimina la criminalización de la práctica médica.

La entidad ya ha planteado la posibilidad de impulsar un recurso de inconstitucionalidad y reclama modificaciones durante la tramitación parlamentaria.

Además, el nuevo planteamiento tampoco garantiza que la CASS financie las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en el extranjero, por lo que las mujeres seguirán teniendo que asumir su coste.

Para los sectores feministas, el resultado es una reforma que elimina el castigo directo sobre la mujer, pero que no reconoce plenamente el acceso al aborto como una prestación sanitaria.

Los sectores provida cuestionan el riesgo asumido con el Coprincipado

En el extremo opuesto del debate, la iniciativa también genera reticencias entre los sectores contrarios al aborto, que consideran que la reforma puede tensionar innecesariamente la relación con la institución episcopal.

El copríncipe Josep Lluís Serrano, como obispo de Urgell, representa una institución vinculada a la Iglesia católica, que mantiene una oposición doctrinal al aborto.

La cuestión, por tanto, no afecta únicamente al contenido del Código Penal, sino también a los equilibrios institucionales sobre los que descansa el sistema constitucional andorrano.

En este contexto, Andorra Endavant ha expresado su preocupación por la respuesta que pueda dar el copríncipe episcopal. Su presidenta, Carine Montaner, ya había advertido de que un eventual enfrentamiento institucional podría llevar a la formación a votar en contra de la reforma.

La paradoja es que el Gobierno asume el coste político de modificar una cuestión especialmente sensible para la Iglesia sin conseguir, al mismo tiempo, satisfacer las demandas de los colectivos que reclamaban la despenalización.

Baró reconoce que no habrá una validación pública del Vaticano

Uno de los elementos más significativos de la controversia es la posición del Gobierno respecto al pronunciamiento de las autoridades eclesiásticas.

Aunque el Ejecutivo ha mantenido conversaciones y negociaciones con el entorno eclesiástico para encontrar una fórmula compatible con el Coprincipado, Ladislau Baró ha reconocido que no espera una validación pública y explícita de Roma ni del copríncipe episcopal.

«Ni tenemos validación por parte de Roma ni por parte de la Seu, ni la esperamos», ha señalado el ministro.

Baró ha defendido que este escenario forma parte del equilibrio alcanzado para poder avanzar en una reforma que afecta a una cuestión especialmente sensible para la Iglesia.

Por tanto, la ausencia de un respaldo público no significa que la reforma se haya elaborado sin diálogo con las autoridades eclesiásticas, sino que el Gobierno no espera que estas expresen abiertamente su aprobación.

El Ejecutivo presentó el texto al copríncipe episcopal pocas horas antes de hacerlo público, aunque la propuesta venía precedida de contactos y negociaciones sobre sus límites.

Ahora, una de las incógnitas será si Serrano hará alguna referencia a la cuestión durante el tradicional discurso de Navidad en el Palacio Episcopal, aunque no existe ninguna confirmación de que tenga previsto pronunciarse al respecto.

Una reforma que deja al Gobierno políticamente expuesto

La situación evidencia las dificultades del Ejecutivo para encontrar un equilibrio entre las demandas de despenalización y la preservación del sistema institucional andorrano.

Las feministas consideran que el Gobierno no ha ido suficientemente lejos, mientras que los sectores provida cuestionan que sea necesario asumir una posible tensión con el Coprincipado por una modificación que tampoco satisface a sus principales impulsores.

La defensa de Baró, que presenta la iniciativa como el mínimo necesario para preservar el modelo institucional, abre otra pregunta: ¿hasta qué punto una reforma concebida para evitar un conflicto puede terminar generando descontento en ambos lados?

El resultado es que el Gobierno deberá defender en el Consell General una modificación legislativa que no garantiza el acceso efectivo al aborto, mantiene responsabilidades penales para los sanitarios y no contará, según las previsiones del propio Ejecutivo, con una validación pública de las autoridades eclesiásticas.

Una fórmula con la que Espot pretende compatibilizar dos objetivos políticamente difíciles de conciliar, pero que, por ahora, no ha conseguido convencer ni a los defensores de la despenalización ni a los sectores que reclaman preservar intacto el marco actual.