Bartumeu alerta que se puede perder el acuerdo aduanero por votar «no» a la UE, cuando el riesgo aparece si la asociación ya se ha aplicado

El exjefe de Gobierno de Andorra , Jaume Bartumeu, ha vuelto a utilizar el temor a perder el acuerdo aduanero con la Unión Europea como argumento para defender el acuerdo de asociación. 

Durante una entrevista concedida este martes, 3 de noviembre de 2026, al programa Avui serà un bon dia, el dirigente progresista ha advertido de que Bruselas podría denunciar el convenio comercial vigente si los andorranos rechazan el nuevo tratado.

Sin embargo, su argumentación pasa por alto una distinción jurídica esencial que cambia sustancialmente la interpretación del debate: rechazar el acuerdo de asociación antes de su aplicación no supone perder el acuerdo aduanero, mientras que aplicar el nuevo tratado y rechazarlo posteriormente podría dejar a Andorra sin la recuperación automática del convenio anterior.

La diferencia no es menor. Afecta directamente a la seguridad jurídica del Principado y al margen de decisión de sus ciudadanos sobre las futuras relaciones con la Unión Europea.

Bartumeu ha presentado la posibilidad de que Bruselas denuncie el acuerdo duanero como un riesgo asociado al rechazo de la integración europea. 

No obstante, el acuerdo comercial actual no contiene ninguna disposición que establezca su desaparición automática si Andorra vota «no» a la asociación.

El verdadero interrogante aparece en el escenario contrario: que el nuevo tratado comience a aplicarse, el acuerdo duanero quede sustituido y, posteriormente, la ciudadanía rechace la asociación.

El acuerdo aduanero no desaparece si Andorra rechaza la asociación

El acuerdo aduanero firmado en 1990 entre Andorra y la entonces Comunidad Económica Europea constituye uno de los principales pilares de las relaciones comerciales del Principado con el mercado europeo.

El convenio dispone de sus propios mecanismos jurídicos de continuidad y denuncia, independientes del resultado de una futura consulta popular sobre el acuerdo de asociación.

Su artículo 21 establece que cualquiera de las dos partes puede denunciar el acuerdo mediante un preaviso de seis meses.

Por tanto, si Andorra decide no aceptar el nuevo tratado con Bruselas, el convenio aduanero de 1990 continúa vigente mientras ninguna de las partes active formalmente su mecanismo de denuncia.

Esto permite diferenciar dos situaciones que no deberían confundirse.

Una cosa es que la Unión Europea disponga de la facultad jurídica de denunciar el convenio comercial. Otra muy distinta es que el rechazo de la asociación implique automáticamente su desaparición.

Votar «no» no activa por sí mismo el artículo 21, no cancela las relaciones comerciales existentes y no obliga a Bruselas a romper el acuerdo aduanero.

Pese a ello, Bartumeu ha situado la posible pérdida de este convenio en el centro de su defensa del tratado europeo.

El verdadero riesgo: aplicar el acuerdo antes de celebrar el referéndum

La cuestión adquiere especial relevancia ante la posibilidad de que el acuerdo de asociación entre Andorra, San Marino y la Unión Europea sea objeto de una aplicación provisional antes de culminar todos los procedimientos de ratificación.

El nuevo tratado contempla un marco jurídico mucho más amplio que las relaciones aduaneras actuales.

Entre sus consecuencias figura la integración del régimen comercial dentro del sistema de asociación, con la correspondiente sustitución del convenio anterior cuando las disposiciones pertinentes produzcan efectos.

Aquí aparece el riesgo que Bartumeu no ha explicado: si Andorra aplica el nuevo acuerdo y el convenio aduanero de 1990 queda sustituido, un posterior rechazo de la asociación no significaría que el tratado anterior vuelva a estar automáticamente vigente.

Este escenario resulta particularmente delicado si la aplicación del acuerdo se produce antes de que los ciudadanos hayan podido pronunciarse en referéndum.

En ese supuesto, Andorra podría encontrarse ante una situación jurídicamente más compleja que la actual.

Antes de aplicar la asociación, el Principado dispone de un acuerdo aduanero independiente que continúa vigente mientras no sea denunciado.

Después de que se produzca su sustitución efectiva, la recuperación de ese marco anterior ya no puede darse por garantizada.

La precisión es importante: no basta con que se anuncie una aplicación provisional para concluir que el convenio de 1990 ha quedado extinguido. Hay que determinar qué disposiciones se aplican, cuándo producen efectos y qué régimen de continuidad se establece.

Pero precisamente por eso resulta fundamental aclarar todas estas cuestiones antes de aplicar el nuevo tratado y, especialmente, antes de celebrar una consulta popular.

Bartumeu advierte de una amenaza hipotética, pero omite las consecuencias de aplicar el tratado

Durante su entrevista, el exjefe de Gobierno ha asegurado que un rechazo del acuerdo de asociación podría llevar a las instituciones europeas a denunciar el convenio aduanero existente.

Además, ha advertido de que una eventual renegociación obligaría a Andorra a realizar concesiones.

«Si es renegocia, ja li dic jo que hi deixarem plomes, segurament», ha afirmado.

Sus declaraciones trasladan a la ciudadanía la idea de que rechazar la asociación puede poner en peligro las condiciones comerciales de Andorra.

Sin embargo, Bartumeu no ha acompañado esa advertencia de ninguna decisión formal de Bruselas que anuncie la denuncia del acuerdo aduanero en caso de victoria del «no».

La posibilidad de que una de las partes denuncie el convenio existe desde su propia regulación jurídica, independientemente del debate sobre la asociación.

No es una consecuencia nueva que nazca de votar en contra del tratado.

Por el contrario, la sustitución del régimen comercial vigente constituye una consecuencia prevista en el propio proceso de asociación, una vez que se cumplan las condiciones jurídicas correspondientes.

La diferencia entre ambos escenarios es fundamental: Bartumeu destaca una eventual decisión política futura de Bruselas, mientras deja sin abordar las consecuencias jurídicas de sustituir un acuerdo que Andorra ya tiene en vigor.

¿Qué ocurriría si Andorra aplica la asociación y después gana el «no»?

Esta es una de las principales preguntas que deberían responder las autoridades andorranas y europeas antes de cualquier aplicación del tratado.

Si el acuerdo de asociación llegara a aplicarse provisionalmente y esa aplicación comportara la sustitución efectiva del convenio aduanero de 1990, un posterior rechazo en referéndum abriría un problema jurídico considerable.

El Principado habría pasado a operar bajo un régimen comercial integrado en el acuerdo de asociación.

Si posteriormente decidiera desvincularse de ese marco, no podría asumir que el convenio anterior se restablecería automáticamente.

La situación sería radicalmente distinta de la que existiría si Andorra rechazara la asociación antes de aplicar las disposiciones que sustituyen el acuerdo aduanero.

En ese segundo escenario, el convenio actual seguiría existiendo y no sería necesario recuperarlo porque nunca habría dejado de estar vigente.  

Las declaraciones de Bartumeu tienen una relevancia especial por su trayectoria política y su conocimiento de las relaciones institucionales entre Andorra y la Unión Europea.

El dirigente progresista no es ajeno al desarrollo de estas relaciones. Su experiencia como jefe de Gobierno y su participación en el debate europeo le otorgan una responsabilidad particular a la hora de explicar las consecuencias del nuevo tratado.

Por ello, resulta especialmente cuestionable que advierta de los riesgos comerciales de rechazar la asociación sin abordar con la misma claridad las consecuencias de aplicarla antes de consultar a los ciudadanos.

El problema no es que Bartumeu defienda públicamente el «sí». Como cualquier dirigente político, tiene derecho a promover la opción que considera más conveniente para el futuro del Principado.

La cuestión es que un debate de esta trascendencia requiere una explicación completa de los escenarios jurídicos, especialmente cuando se utilizan advertencias sobre la posible pérdida de un convenio comercial fundamental para la economía andorrana.

La ciudadanía debe saber que rechazar la asociación no supone perder automáticamente el acuerdo aduanero y que sustituir este último antes del referéndum podría complicar seriamente una posterior marcha atrás. 

Más allá de sus advertencias sobre las relaciones comerciales con Europa, Bartumeu ha aprovechado la entrevista para reclamar un gran acuerdo nacional que permita superar la fragmentación política y afrontar los problemas estructurales de Andorra.

El exjefe de Gobierno considera que el país necesita una plataforma transversal que deje atrás las etiquetas tradicionales y permita abordar la crisis de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo, el retroceso del catalán y el aumento de las desigualdades.

No obstante, ha descartado integrarse en una eventual coalición de centroderecha si participan formaciones que no mantienen una posición claramente favorable al acuerdo de asociación.

Esta condición introduce una contradicción en su propuesta de transversalidad.

Mientras reclama superar las divisiones políticas y construir un proyecto compartido, establece el respaldo al tratado europeo como una línea roja para participar en determinadas alianzas.

Bartumeu también ha cuestionado la posición de Concòrdia y de su líder, Cerni Escalé, a quien ha acusado de priorizar los cálculos electorales frente a la estrategia de futuro.

«La tàctica ha fet perdre la visió estratègica de futur», ha manifestado.

Por su parte, Progressistes-SDP tiene previsto presentar la próxima semana su propuesta de plataforma política con vistas a las elecciones generales de 2027.

Bartumeu plantea celebrar el referéndum después de las elecciones de 2027

El dirigente progresista también ha defendido que el referéndum sobre el acuerdo de asociación se celebre entre tres y seis meses después de la investidura del próximo jefe de Gobierno.

Según el calendario que plantea, si las elecciones generales se celebran en marzo y la investidura tiene lugar en abril, la consulta podría organizarse en septiembre de 2027, antes de las elecciones comunales.

Se trata, en cualquier caso, de una propuesta política de Bartumeu y no de una fecha oficial para el referéndum.

El Gobierno andorrano ha situado la consulta después de los procesos europeos correspondientes, por lo que su calendario definitivo continúa condicionado a la evolución institucional del tratado.

Esta circunstancia refuerza la necesidad de conocer qué ocurriría con el acuerdo aduanero en caso de que se planteara una aplicación provisional antes de la votación.

La pregunta que Bartumeu deja sin responder

El debate sobre el acuerdo de asociación ha estado marcado por argumentos sobre el acceso al mercado europeo, la soberanía, la inmigración y el futuro económico de Andorra.

Sin embargo, la continuidad del acuerdo aduanero merece un análisis propio porque afecta a uno de los instrumentos fundamentales de las relaciones comerciales del Principado.

Actualmente, Andorra ya cuenta con un convenio aduanero que no desaparece por rechazar la asociación.

La denuncia de ese convenio requiere una decisión expresa de alguna de las partes, siguiendo las condiciones establecidas en el artículo 21.

En cambio, si la asociación comienza a aplicarse y produce la sustitución jurídica del acuerdo de 1990, una posterior decisión de rechazar el nuevo tratado podría colocar a Andorra ante un escenario mucho más incierto.

Por eso, antes de plantear a los ciudadanos que el «no» amenaza las relaciones comerciales con Europa, resulta imprescindible explicar qué ocurriría con esas relaciones si el «sí» conduce a la sustitución del convenio actual.

Bartumeu ha advertido de lo que Bruselas podría hacer si Andorra rechaza la asociación, pero no ha explicado qué podría perder el Principado si permite que el nuevo tratado sustituya al acuerdo aduanero antes de que los ciudadanos hayan votado.

Y esa es precisamente la diferencia que debería ocupar el centro del debate: el «no» antes de la sustitución mantiene el acuerdo duanero vigente; un «no» después de que haya sido sustituido ya no garantiza poder recuperarlo.