El PS denuncia una «falsa despenalización» del aborto y acusa al Gobierno de impulsar una reforma «de cara a la galería»

El Partido Socialdemócrata (PS) ha cargado este lunes contra la reforma del aborto impulsada por el Gobierno de Andorra, que contempla eliminar la responsabilidad penal de las mujeres que interrumpan voluntariamente su embarazo, pero mantiene las consecuencias penales para los profesionales sanitarios que practiquen esta intervención.

La formación ha calificado la propuesta de «falsa despenalización» y ha acusado al Ejecutivo de Xavier Espot de presentar una modificación legislativa «de cara a la galería», sin garantizar un acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del sistema sanitario andorrano.

Los socialdemócratas consideran que la reforma no representa el avance en derechos reproductivos anunciado por el Gobierno y denuncian que no ofrece una solución a las mujeres que carecen de recursos económicos para desplazarse al extranjero.

Gerard Alís alerta de los riesgos de una reforma que no garantiza asistencia sanitaria

El miembro del Comité Ejecutivo del PS, Gerard Alís, ha advertido de que el mantenimiento de la responsabilidad penal de los profesionales sanitarios puede dejar a las mujeres sin una vía legal y segura para interrumpir su embarazo en Andorra.

Alís ha planteado especialmente la situación de aquellas mujeres que, por motivos económicos o personales, no puedan viajar fuera del Principado y decidan practicarse un aborto por su cuenta.

«¿Qué pasará si una mujer se encuentra en una situación en la que necesita abortar y no puede permitirse viajar al extranjero?», ha planteado el dirigente socialdemócrata.

En este sentido, ha alertado de los posibles riesgos médicos asociados a una interrupción del embarazo sin asistencia profesional, como hemorragias u otras complicaciones potencialmente graves.

Según Alís, la propuesta gubernamental no resuelve este problema porque continúa impidiendo que los profesionales sanitarios puedan practicar legalmente un aborto en Andorra.

«Se le niega la asistencia sanitaria para poder llevar a cabo algo que debería ser un derecho. Y por eso decimos que es una falsa despenalización del aborto», ha afirmado.

Susanna Vela rechaza que las mujeres sean consideradas personas vulnerables

La presidenta del grupo parlamentario socialdemócrata, Susanna Vela, también ha cuestionado el planteamiento jurídico de la reforma, que considera basado en una visión paternalista de las mujeres.

Vela ha defendido que la interrupción voluntaria del embarazo debe abordarse desde el reconocimiento de la autonomía personal y de los derechos reproductivos, y no únicamente desde la exención de responsabilidad penal por razones de vulnerabilidad.

«Las mujeres no deben ser castigadas porque el Estado las considere vulnerables. Las mujeres no deben ser castigadas porque son personas titulares de derechos y con la autonomía y capacidad suficientes para decidir qué hacemos con nuestro cuerpo y con nuestro proyecto de vida», ha manifestado.

La dirigente socialdemócrata ha insistido en que las mujeres deben poder tomar decisiones sobre su embarazo sin que el Estado las someta a una tutela jurídica.

«Al Gobierno le decimos que las mujeres no necesitamos tutela para decidir, necesitamos que se reconozcan nuestra autonomía y nuestra libertad para poder hacerlo», ha concluido.

El PS presentará enmiendas para ampliar la reforma

Ante esta situación, el Partido Socialdemócrata ha anunciado que presentará enmiendas durante la tramitación parlamentaria con el objetivo de ampliar el alcance de la modificación del Código Penal.

La formación defiende que la despenalización debe ser efectiva tanto para las mujeres como para los profesionales sanitarios y reclama avanzar hacia un modelo que reconozca el derecho al aborto y garantice su cobertura a través del sistema público de salud.

La propuesta del Gobierno se centra en la modificación del artículo 117 del Código Penal, con el objetivo de eximir a las mujeres de responsabilidad penal, pero sin eliminar el delito para los profesionales que practiquen la interrupción voluntaria del embarazo.

Una reforma condicionada por el sistema institucional de Andorra

El debate sobre el aborto vuelve así al centro de la discusión parlamentaria, en un contexto en el que la reforma también está condicionada por el particular sistema institucional andorrano y el papel del copríncipe episcopal.

El Ejecutivo ha optado por una modificación limitada del Código Penal que busca eliminar las penas para las mujeres sin despenalizar la práctica médica del aborto dentro del Principado.

Sin embargo, el PS considera insuficiente esta fórmula y sostiene que el Gobierno no está cumpliendo sus compromisos electorales en materia de derechos reproductivos.

Las enmiendas anunciadas por los socialdemócratas abrirán un nuevo debate sobre el alcance de la reforma y sobre la posibilidad de avanzar hacia una despenalización más amplia en Andorra.