Concòrdia carga contra el Gobierno por la reforma del aborto: «No está a la altura de su responsabilidad»

Concòrdia ha denunciado la falta de avances del Gobierno en la despenalización del aborto durante esta legislatura y ha expresado su decepción con la reforma del artículo 117 del Código Penal.

La formación considera que el texto impulsado por el Ejecutivo representa un avance insuficiente en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, especialmente porque mantiene la responsabilidad penal de los profesionales sanitarios que practiquen una interrupción voluntaria del embarazo.

El grupo parlamentario ha presentado dos enmiendas al Proyecto de ley de modificación del artículo 117 de la Ley cualificada del Código Penal, con el objetivo de modificar el tratamiento que la normativa otorga a las mujeres que deciden abortar.

En un comunicado, Concòrdia ha asegurado que el Gobierno tenía la responsabilidad de liderar este proceso y encontrar los equilibrios institucionales necesarios para avanzar en los derechos de las mujeres, pero considera que la propuesta presentada no responde a las expectativas generadas durante la legislatura.

Concòrdia rechaza que la mujer sea considerada una persona vulnerable

Una de las principales críticas de la formación se centra en el lenguaje utilizado por el Gobierno para justificar la despenalización de las mujeres.

El proyecto de ley prevé eximir de responsabilidad penal a la mujer que consienta o solicite su propio aborto, pero incorpora referencias a su condición de «persona vulnerable».

Concòrdia considera que este planteamiento es inadecuado y que, después de años de debate sobre los derechos reproductivos, la despenalización no debería fundamentarse en una supuesta situación de vulnerabilidad.

Por este motivo, la formación ha presentado una enmienda que modifica todas las referencias de la exposición de motivos en las que la mujer es tratada como un sujeto especialmente vulnerable.

El grupo parlamentario defiende un cambio de concepto en la redacción legal que permita abordar la despenalización desde el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en lugar de justificarla por su situación de vulnerabilidad.

Según Concòrdia, este es un cambio que el Gobierno debería haber incorporado directamente a la propuesta legislativa.

La reforma sigue penalizando a los médicos que practiquen abortos

Más allá de la redacción, Concòrdia cuestiona el alcance real de la modificación del Código Penal.

La formación reconoce que eliminar la responsabilidad penal de las mujeres representa un pequeño avance, pero considera que la reforma está lejos de garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo.

El principal obstáculo, según el partido, es que los profesionales sanitarios seguirán estando penalizados si practican abortos en los supuestos previstos por la normativa.

Esta situación implica que, pese a la despenalización de la mujer, la reforma no permitiría que los facultativos pudieran practicar legalmente interrupciones voluntarias del embarazo en el Principado.

Para Concòrdia, esta limitación evidencia que el Gobierno no ha conseguido impulsar una reforma suficientemente ambiciosa para avanzar en los derechos reproductivos.

Concòrdia asegura que el Gobierno ha desaprovechado una oportunidad histórica

La formación también ha criticado la gestión política del Ejecutivo durante los últimos años.

Según Concòrdia, al inicio de la legislatura existía un escenario especialmente favorable para avanzar en la despenalización del aborto, incluyendo a los profesionales sanitarios, sin comprometer la estabilidad institucional del país.

El partido considera que había una oportunidad para encontrar una solución compatible con el reconocimiento de los derechos de las mujeres y el mantenimiento del equilibrio institucional de Andorra.

Sin embargo, denuncia que el Gobierno no aprovechó esta circunstancia y que el resultado es una reforma limitada.

Concòrdia insiste en que la responsabilidad de encontrar los equilibrios institucionales correspondía al Ejecutivo, que disponía del tiempo y de las condiciones políticas necesarias para desarrollar una propuesta más amplia.

Una reforma que mantiene abierto el debate sobre los derechos reproductivos

Las dos enmiendas presentadas por Concòrdia se incorporan al debate parlamentario sobre la modificación del artículo 117 del Código Penal.

La reforma impulsada por el Gobierno plantea eliminar las sanciones penales para las mujeres que consientan o soliciten su propio aborto, pero no despenaliza a los profesionales médicos que lo practiquen.

Este es precisamente uno de los puntos que más controversia ha generado entre las formaciones políticas y las organizaciones que defienden los derechos reproductivos.

Con las modificaciones propuestas, Concòrdia quiere corregir el lenguaje del proyecto de ley y poner de manifiesto las limitaciones de una reforma que considera insuficiente.