Virtus justifica que los andorranos tengan que marcharse a vivir a La Seu por la crisis de la vivienda: «No es ningún crimen»

El tesorero de Virtus, Xavier Altimir, ha defendido que no debería considerarse un problema tan grave que algunos andorranos tengan que trasladar su residencia a La Seu d'Urgell ante la imposibilidad de seguir viviendo en el Principado. 

Unas declaraciones que ponen sobre la mesa la visión del nuevo partido político sobre una de las crisis sociales más importantes que atraviesa Andorra: la creciente dificultad de los ciudadanos para acceder a una vivienda en su propio país.

Durante una entrevista en el programa Parlem-ne de Diari TV, Altimir ha cuestionado las críticas a esta situación y ha comparado la actual salida de residentes de Andorra con los movimientos migratorios históricos entre el Principado y el Alt Urgell.

«No sé por qué ahora esto se ha convertido en un crimen, que alguien se vaya a vivir a La Seu y venga a trabajar a Andorra», ha manifestado el tesorero de Virtus.

Las palabras de Altimir abren un interrogante sobre las prioridades de una formación que reivindica la defensa de Andorra, pero que parece dispuesta a aceptar que una parte de sus ciudadanos tengan que buscar vivienda fuera de las fronteras del Principado.

De defender a los andorranos a normalizar que abandonen el país

El dirigente de Virtus ha recurrido a la historia para justificar su posición, recordando que durante décadas los habitantes de La Seu d'Urgell han subido a trabajar a Andorra y que, en otras épocas, algunas familias andorranas también habían tenido que desplazarse a los pueblos vecinos por necesidad.

Sin embargo, la comparación deja de lado una diferencia fundamental: actualmente hay ciudadanos que trabajan en Andorra, tienen su vida en el país y desearían seguir residiendo en él, pero se ven obligados a marcharse porque no pueden asumir el coste de la vivienda.

No se trata, por tanto, de cuestionar que una persona decida libremente vivir en La Seu d'Urgell. La cuestión es que un ciudadano andorrano pueda verse expulsado del mercado inmobiliario de su propio país por motivos económicos.

La normalización de este fenómeno por parte de un representante de Virtus contrasta con el discurso de defensa nacional que la formación ha situado en el centro de su proyecto político.

Altimir atribuye parte del problema a la «falta de previsión» de los afectados

Una de las afirmaciones más controvertidas de la entrevista llega cuando el tesorero de Virtus aborda las causas por las que algunos residentes tienen que abandonar Andorra.

Altimir reconoce que hay personas que se marchan voluntariamente, pero también otras que se ven obligadas a hacerlo porque no pueden acceder a una vivienda.

En este contexto, ha apuntado que algunos casos podrían explicarse por una falta de previsión personal.

«Algunos quizás por falta de previsión, porque en su momento quizás habrían podido comprar en lugar de alquilar», ha declarado.

La afirmación traslada una parte de la responsabilidad a los propios afectados, sugiriendo que determinadas familias podrían haber evitado su situación actual si hubieran adquirido una vivienda años atrás.

Este planteamiento resulta especialmente discutible en un mercado inmobiliario en el que el acceso a la propiedad depende de factores como los salarios, la capacidad de ahorro, la financiación bancaria y la evolución de los precios, circunstancias que no siempre dependen de las decisiones individuales.

¿Qué Andorra defiende Virtus si los andorranos no pueden vivir en ella?

Las declaraciones de Altimir también plantean una contradicción política para Virtus, una formación que ha reivindicado la necesidad de preservar la identidad andorrana y recuperar un modelo de país que considera amenazado.

Defender la identidad nacional mientras se relativiza la salida forzada de ciudadanos del territorio abre un debate sobre qué modelo de país propone realmente el partido.

La crisis de la vivienda no afecta únicamente al lugar donde duermen los trabajadores. También tiene consecuencias sobre el arraigo de las familias, la continuidad de las nuevas generaciones en el Principado y la capacidad de Andorra para mantener a su población vinculada al territorio.

Además, convertir La Seu d'Urgell en una salida habitual para los ciudadanos que no pueden pagar una vivienda en Andorra no resuelve el problema estructural que ha provocado esta situación.

La pregunta que queda abierta es si Virtus aspira a garantizar que los andorranos puedan seguir viviendo en su país o si considera aceptable que cada vez más ciudadanos tengan que cruzar la frontera para encontrar una vivienda asequible.

Altimir ha dejado clara su opinión: no ve ningún crimen en vivir en La Seu y trabajar en Andorra. Pero el debate de fondo no es si marcharse es un crimen, sino por qué un ciudadano que quiere quedarse en Andorra ya no siempre puede permitírselo.