Casal niega que los comuns puedan aplicar la ley de vivienda "a la carta" tras el acuerdo con el Gobierno

El ministro portavoz, Guillem Casal, ha defendido este miércoles el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Andorra y los comuns sobre la futura ley de incentivos a la vivienda asequible, y ha rechazado que las administraciones parroquiales puedan aplicar las medidas de manera completamente discrecional.

Las declaraciones llegan después de que los cónsules confirmaran el martes que se había alcanzado un entendimiento para introducir mayor flexibilidad en la aplicación de los incentivos, con el objetivo de preservar la autonomía comunal.

Casal ha insistido en que el proyecto legislativo establece unos principios comunes para todas las parroquias, aunque permite diferentes grados de aplicación de algunas bonificaciones fiscales.

«Creo que hay que evitar esta idea de que existe la posibilidad de aplicar esta ley a la carta», ha afirmado.

Los comuns podrán decidir el grado de bonificación dentro de unos límites

El portavoz ha explicado que la futura normativa establecerá márgenes de bonificación que permitirán a los comuns adaptar determinados incentivos a sus necesidades, pero siempre dentro de los límites fijados por el legislador.

Como ejemplo, ha mencionado el impuesto sobre los alquileres, para el que se prevén porcentajes de reducción que podrán ir desde el 0% hasta un máximo establecido legalmente.

De esta manera, cada ayuntamiento podrá decidir qué porcentaje de bonificación aplica, sin salirse del marco previsto por la ley.

«No existe la posibilidad de disponer de un marco a la carta. En todo caso, hay una gradualidad, una gradualidad controlada, acotada», ha remarcado Casal.

El ministro ha defendido que este sistema permite respetar la autonomía de las corporaciones comunales sin renunciar al objetivo de facilitar la creación de más viviendas a precios asequibles.

Las explicaciones del Gobierno matizan el anuncio de los cónsules

Las declaraciones de Casal introducen un matiz respecto a las explicaciones facilitadas el martes por el cónsul mayor de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, quien señaló que las medidas tendrían carácter voluntario durante los dos primeros años.

Según aquella interpretación, los comuns podrían decidir si incorporaban determinados incentivos a sus políticas urbanísticas y fiscales.

Casal, en cambio, ha puesto el acento en que las opciones comunales estarán delimitadas por la futura legislación, que establecerá los principios y los márgenes dentro de los cuales podrán aplicarse las bonificaciones.

El ministro no ha detallado en esta intervención cómo se concretará jurídicamente la voluntariedad anunciada por los cónsules durante los dos primeros años, pero ha insistido en que el sistema no permitirá escoger libremente qué disposiciones de la normativa se cumplen.

La distinción es relevante porque la posibilidad de aplicar una bonificación del 0% no equivale necesariamente a poder dejar de aplicar el conjunto de la ley.

El Gobierno reivindica el acuerdo con las siete parroquias

Casal también ha querido destacar que las negociaciones han permitido superar las discrepancias iniciales entre el Ejecutivo y los comuns.

«Sobre todo, creo que hay que reconocer que existe un acuerdo», ha manifestado, recordando que ambas administraciones comparten el objetivo de incrementar la oferta de vivienda asequible.

El ministro ha explicado que las dos últimas reuniones han servido para concretar diversos aspectos de la propuesta legislativa, especialmente en lo relativo al margen de decisión de los comuns.

Según Casal, el modelo pactado permitirá introducir cierta flexibilidad sin desvirtuar el propósito general de la normativa.

La concreción definitiva de estos márgenes y del régimen de aplicación de las medidas deberá quedar recogida en el texto legislativo, que todavía tiene que completar su tramitación parlamentaria.